Redacción. – Al Instituto Nacional Electoral (INE) le están sacando los trapitos al sol y el asunto podría complicársele a su presidenta, Guadalupe Taddei. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, entre ellas 66.5 millones de pesos que siguen sin aclararse.

Y vaya que hay tela de dónde cortar. Entre los hallazgos difundidos aparecen 57 personas que recibieron contratos mientras eran funcionarios públicos, empresas de reciente creación beneficiadas con montos millonarios y, para ponerse a tono con Halloween, hasta pagos de nómina a 18 trabajadores que ya habían fallecido y contratos a empresas fantasmas.

Pero la cosa no termina ahí. Las investigaciones también apuntan a posibles conflictos de interés, empresas relacionadas entre sí y triangulación de recursos. Todo un expediente que deberá esclarecerse y en el que todavía falta determinar responsabilidades.

¿Y Taddei? Aunque las irregularidades no significan automáticamente su salida, la Constitución sí contempla el juicio político contra la presidenta del INE, que podría terminar en destitución e inhabilitación si se acreditan las causas legales y su responsabilidad; ya que el artículo 110 constitucional contempla expresamente a la consejera presidenta del INE entre los funcionarios sujetos a juicio político.

Por lo pronto, Taddei asegura que colaborará con la ASF y que incluso ella misma solicitó revisar las licitaciones. Habrá que ver hasta dónde llega la investigación, porque una cosa es tener observaciones administrativas y otra demostrar responsabilidades que puedan costarle el cargo.

Y ojalá que este susto les amarre las manitas, porque la democracia es cara, pero con corrupción lo es mucho más. Por lo pronto la consejera presidenta del Instituto INE ya tiene cita obligatoria en la Secretaría de Gobernación y en la Auditoría Superior de la Federación (ASF),