Que un hombre de poder acose a una mujer, la hostigue o incluso la agreda físicamente, no debería sorprendernos; tampoco es raro que se ejerza violencia política en contra de ellas. Por desgracias hay sujetos así. Lo que sorprende es cuando la justicia actúa en favor de la agredida y hace que el señalado pague su culpa.

Eso le sucedió al alcalde de Ixhuatlán de Madero, Ader García Escalante, que incurrió en violencia política en razón de género contra la síndica Griselda Castillo Arreola.

Los problemas entre ambos comenzaron cuando la síndica se dio cuenta de los malos manejos del alcalde con el dinero de las arcas municipales y se negó a firmar las minutas de las reuniones del cabildo. Además, le pidió la entrega de los estados financieros del Ayuntamiento a lo que Ader se negó.

Pero ahí no paró todo. Ader le retuvo el sueldo de varias quincenas y la proscribió de las reuniones del cabildo en flagrante desacato a la Ley, por lo que Griselda presentó su queja ante las autoridades que fallaron a su favor y ordenaron al alcalde: “abstenerse de realizar acciones u omisiones que de manera directa o indirecta tengan por objeto o resultado intimidar, molestar o causar un daño, perjuicio u obstaculizar el ejercicio del cargo de la síndica de ese ayuntamiento”.

Pero además, los inscribieron (sic) en el Registro Estatal y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres por un periodo de cuatro años; para empezar es algo pero se debe sancionar con mayor severidad.

Es decir, haga usted de cuenta que le pusieron un letrerito que dice: “Aguas, este sujeto ejerce violencia política contra las mujeres” que traerá colgado al cuello por cuatro años, aunque sólo sea de manera virtual.

Tenga para que aprenda, señor alcalde.