En los años 60 y 70 del siglo anterior, dos semanarios editados en la capital del país competían por ver quién entregaba a sus lectores las páginas más tintas en sangre: Alarma y Alerta. Ambas revistas tenían tirajes envidiables para la época e hicieron millonarios a sus editores.

El fuerte de las revistas era una historia a veces fantasiosa contada por un reportero que sabía que nadie lo iba a desmentir y aderezada con decenas de fotografías del involuntario protagonista que generalmente era un descuartizado, un ahorcado, un balaceado, etc. Si la víctima era mujer, mejor. El sobretiro de la revista estaba asegurado.

En la actualidad la ley ya no permite ese tipo de vandalismo periodístico, pero algunas cosas se filtran.

Por lo anterior, la diputada local Ivonne Trujillo, presentó al Congreso local una iniciativa de decreto que adicionaría un párrafo al Código Penal estatal, cuyo objetivo es sancionar las conductas que realice cualquier servidor público que, de manera indebida, revele o difunda imágenes, videos o grabaciones, así como archivos o información de una carpeta de investigación.

¿Se sancionará exclusivamente a los servidores públicos? Así es, ¿quién si no ellos son los que filtran información confidencial con lo que se viola el debido proceso?

A quien se le agarre en la maroma se le sancionará con una pena de dos a seis años de cárcel y una multa de hasta 500 Unidades de Medida de Actualización.

La propuesta de la diputada es excelente porque evitará que se lesionen los derechos de las víctimas, principalmente si son mujeres.

Por lo pronto pasó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. Y sólo falta una cosa: que no se vaya a congelar si la dejan en un frío archivo.