30 de Septiembre de 2026.- La diputada Victoria Gutiérrez Pérez presentó ante el Pleno de la LXVII Legislatura una iniciativa de reforma al Artículo 5 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de las personas campesinas y trabajadoras agrícolas, permitiendo que dicho organismo conozca de actos u omisiones de naturaleza administrativa que ocurran en el contexto agrario.

Al hacer uso de la tribuna, la legisladora señaló que la propuesta parte de la necesidad de actualizar el marco jurídico vigente, toda vez que, en la normativa actual, la referencia general a los asuntos agrarios son motivo de incompetencia, lo que impide que el organismo autónomo atienda posibles vulneraciones derivadas de actuaciones u omisiones administrativas atribuibles a autoridades o servidores públicos estatales o municipales.

Gutiérrez Pérez aclaró que la iniciativa no pretende otorgar a la Comisión facultades para resolver litigios de tierras, sino permitirle intervenir cuando los hechos correspondan estrictamente a un carácter administrativo que afecte los derechos humanos. De esta manera, afirmó, “las personas campesinas o vinculadas a la agricultura podrán contar con un organismo público autónomo, especializado en defender y tutelar sus derechos humanos”.

En este sentido, el proyecto establece expresamente que el origen o desarrollo de los hechos en un contexto agrario no constituirá, por sí solo, una causa de incompetencia para la CEDHV, siempre que se trate de actuaciones administrativas.

Asimismo, especifica que el organismo no podrá dirimir controversias agrarias ni determinar derechos relacionados con la titularidad, posesión, restitución, límites o régimen jurídico de tierras ejidales o comunales, ni revisar actos o resoluciones de los tribunales agrarios.

En caso de que en los hechos intervengan autoridades o servidores públicos federales, la propuesta contempla que se procederá conforme a las reglas de competencia y remisión previstas en la legislación aplicable, fijando una distinción clara entre las controversias que corresponden a las instancias jurisdiccionales agrarias y los actos administrativos que sí pueden ser materia de protección de derechos humanos.

Finalmente, la diputada subrayó que la reforma pretende evitar que una limitación legal impida atender posibles vulneraciones de derechos humanos en comunidades y entornos rurales fortaleciendo los mecanismos institucionales de protección para un sector de la población que suele enfrentar condiciones de vulnerabilidad y dificultades para acceder a una defensa efectiva.

Para su análisis, la presidencia de la Mesa Directiva turnó el proyecto a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal. Se adhirió a la misma el Grupo Legislativo de Morena.