Redacción. - Sin miedo al ridículo, Jorge Álvarez Máynez y Luis Carbonell presentaron una denuncia en la FGR contra Ramos Alor ante la FGR; lo acusaron de Abuso de Autoridad, Intimidación y Delitos contra la Salud, además exigen su renuncia. El asunto fue turnado a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, para ser determinado. Lo más probable es que saldrá sin sanción alguna porque está soportada solamente en una expresión verbal.

Pero ¿por qué hablamos de una actitud ridícula del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano? Pues porque mientras presenta una denuncia basada en unas desafortunadas palabras, Movimiento Ciudadano enfrenta diversos casos judiciales relacionados con alcaldes y exalcaldes que llegaron al poder bajo sus siglas.

Veracruz, Puebla, Jalisco y Tabasco concentran algunos de los expedientes más relevantes documentados recientemente.

En Veracruz, los exalcaldes Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, perdieron el fuero constitucional el pasado 5 de agosto después de que el Congreso local aprobó las solicitudes de declaración de procedencia promovidas por la Fiscalía General del Estado.

González Martínez es investigado por su presunta participación en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán, mientras que Bravo Montero está relacionado por la Fiscalía con una investigación por la desaparición de un empresario y su acompañante. El 21 de septiembre, la gobernadora Rocío Nahle afirmó que ambos se encuentran prófugos y que no han sido localizados por las autoridades.

Puebla concentra cuatro casos de Movimiento Ciudadano. El más reciente es el del presidente municipal de Tepeyahualco, Said de Jesús Godos Luna, detenido el 4 de septiembre por una orden de aprehensión relacionada con abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho. Autoridades federales informaron posteriormente que también es investigado por su probable participación en secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

A ellos se suman los hermanos Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra, quienes fueron electos para gobernar Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, respectivamente, bajo las siglas de MC.

Los tres han permanecido sujetos a diferentes procesos desde 2025. Uruviel fue vinculado a proceso en abril de 2026 por ejercicio indebido de funciones públicas; Giovanni enfrentó inicialmente un proceso relacionado con encubrimiento por receptación y posteriormente una nueva investigación por abuso de autoridad; mientras que Ramiro fue detenido nuevamente el 18 de septiembre, después de obtener una resolución favorable en otro expediente, ahora por una investigación de abuso de autoridad. Los tres permanecían privados de la libertad al 20 de septiembre.

En Jalisco sobresale el caso de José Ascensión “Chon” Murguía Santiago, exalcalde de Teuchitlán. Fue detenido por la Fiscalía General de la República en mayo de 2025 y posteriormente vinculado a proceso por delincuencia organizada agravada por su calidad de servidor público, dentro de las investigaciones relacionadas con el Rancho Izaguirre. El proceso penal continúa y la vinculación fue confirmada posteriormente por un tribunal.

Otro expediente se encuentra abierto en Tabasco contra Alfonso Baca Sevilla, alcalde con licencia de Paraíso, también emanado de Movimiento Ciudadano. La FGR mantiene una orden de aprehensión en su contra dentro del llamado Operativo Enjambre. El 16 de septiembre la propia representación de la Fiscalía en Tabasco confirmó que la investigación continúa abierta, mientras que el Órgano Superior de Fiscalización informó que la FGR solicitó información sobre las cuentas públicas de su administración. Baca Sevilla ha negado públicamente las acusaciones.

El recuento muestra al menos ocho alcaldes o exalcaldes vinculados políticamente con Movimiento Ciudadano que aparecen actualmente en investigaciones o procesos judiciales documentados: dos en Veracruz, cuatro en Puebla, uno en Jalisco y uno en Tabasco.

Las situaciones jurídicas son distintas. Algunos se encuentran vinculados a proceso o detenidos; otros tienen órdenes de aprehensión o investigaciones abiertas.

Ante ese panorama interno, Máynez debería de solicitar todo el peso de la ley contra sus presuntos criminales, para validar su condición aparente luchador social, y no presentarse a poner demandas con sesgo político que lo hacen ver que es muy “impericio”.