Redacción. – Durante años, Antorcha Campesina ha sido señalada por utilizar la movilización y la presión política para conseguir beneficios. Hoy, en Xalapa, vuelve a colocarse en el centro de la polémica, luego de que integrantes de la organización se presentaran armados con palos y machetes para impedir un posible desalojo.

El conflicto involucra a 191 familias asentadas desde hace casi 13 años en aproximadamente seis hectáreas de la colonia Margarita Morán Veliz, segunda sección, cuya propiedad estaría siendo reclamada por un particular.

Juventino Navarrete, dirigente estatal antorchista, reconoció que la ocupación se originó mediante un supuesto acuerdo con funcionarios de Patrimonio del Estado durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, aunque la regularización nunca se concretó y tampoco presentó documentos que acreditaran la legalidad de aquel entendimiento.

Ahí está el fondo del asunto: una cosa es la necesidad legítima de vivienda y otra pretender que los terrenos puedan ocuparse y conservarse indefinidamente mediante acuerdos políticos, sin resolver su situación jurídica.

Durante décadas, distintas organizaciones sociales encontraron en la movilización una herramienta de negociación con el poder. La presunta tolerancia a ocupaciones irregulares a cambio de respaldo político forma parte de las prácticas que deben investigarse, no perpetuarse.

Pero lo más preocupante es la exhibición de palos y machetes. Mientras sus dirigentes hablan de diálogo y soluciones pacíficas, la imagen de sus simpatizantes armados envía un mensaje de intimidación que contradice ese discurso. También corrieron de manera agresiva a los reporteros que intentaron dar seguimiento al tema.

Las 191 familias merecen una solución legal y humana, pero sus dirigentes también deben entender que la necesidad de vivienda no otorga derechos sobre propiedades ajenas ni justifica las amenazas de violencia. Aunque es claro que la necesidad de vivienda y servicios son el pretexto que han usado sus dirigentes, y la realidad es que sus agremiados han sido carne de cañón mientras que los líderes han logrado diputaciones, regidurías e inmensas fortunas económicas.

Si durante años hubo tolerancia política frente a ocupaciones irregulares llevadas a cabo por esta organización, es momento de terminar con ella. La ley debe aplicarse sin privilegios, sin desalojos arbitrarios y, sobre todo, sin permitir que la violencia de una organización sustituya a las instituciones. Desafortunadamente los más afectados son quienes menos tienen y que por esa necesidad confiaron en líderes que rayan en la delincuencia, pero ya no tienen cómplices en los gobiernos.