Redacción. - De la seguridad de los jóvenes universitarios solamente hay un responsable, la UV, sin embargo, parecería que no hay voluntad de fincarles responsabilidades por el accidente recién ocurrido, producto de la negligencia.

Lo de la tarima que colapsó en la graduación de egresados de Derecho de la Universidad Veracruzana no fue una simple “mala suerte” ni un tropiezo, fue un ridículo institucional y, peor todavía, una señal de alarma sobre la ligereza con la que a veces se manejan eventos donde hay decenas de jóvenes, familias y personal universitario. El saldo no fue menor: hubo 18 estudiantes lesionados y 16 personas fueron trasladadas para valoración médica. Después vino lo previsible: revisión de responsabilidades, clausura de la empresa involucrada y el discurso de esperar el reporte completo antes de hablar de sanciones.

Pero aquí hay algo que no se puede esconder bajo la alfombra. Si, como señaló Protección Civil, dentro de la propia universidad existe un sistema de gestión de riesgos y en cada plantel la primera autoridad responsable de la seguridad son sus directivos, entonces no basta con mirar hacia la empresa contratada y fingir que todo el aparato universitario fue un espectador inocente. Una tarima no aparece por generación espontánea, no se instala sola y no se usa sin autorización, tolerancia o, en el mejor de los casos, una supervisión lamentablemente deficiente.

Por eso sí: si se acredita omisión, negligencia o irresponsabilidad de autoridades universitarias, debe haber sanciones. Y no sanciones de adorno, de esas que se redactan muy elegantes en un oficio para que al final no pase nada. Sanciones reales. Porque cuando una institución del tamaño y prestigio de la UV no garantiza condiciones mínimas de seguridad en un acto tan elemental como una fotografía de graduación, no estamos ante un accidente aislado: estamos ante una cadena de fallas que merece nombres y apellidos.

La Universidad Veracruzana no puede darse el lujo de comportarse como tantas dependencias públicas que sólo reaccionan cuando ya hay heridos, cámaras y escándalo. Su obligación era prevenir, no administrar el desastre. Y si al final todo termina reducido a culpar solamente a la empresa, sin revisar qué funcionarios permitieron, avalaron o simplemente voltearon para otro lado, entonces no habrá justicia, sólo una coartada institucional.

En una universidad pública, la autonomía no puede ser patente de impunidad. Y la investidura de autoridad tampoco debe servir para esconder incompetencias. Si la investigación demuestra que hubo omisiones de directivos o responsables administrativos, la UV debe castigar hacia adentro con la misma energía con la que seguramente exigirá responsabilidades hacia afuera. Lo contrario sería mandar un mensaje infame: que en la máxima casa de estudios también se puede fallar, poner en riesgo a los alumnos y no pagar factura.

Porque una foto de generación debía dejar recuerdos, no lesionados. Y cuando una ceremonia termina en ambulancias, alguien tiene que responder.