Redacción.- La extorsión, uno de los delitos que más temor y daño económico genera en México, entra en una nueva etapa. A partir de las recientes reformas legales impulsadas a nivel federal, este delito —incluida la extorsión telefónica— será perseguido de oficio, lo que significa que el Estado asume la responsabilidad directa de investigar y sancionar estos actos, sin que la carga recaiga exclusivamente en la víctima. La pinza está por cerrarse para que sea legislado.

Este cambio representa un giro profundo en la política de seguridad y procuración de justicia. Hasta ahora, en muchos casos la extorsión sólo podía investigarse si la persona afectada presentaba una denuncia formal, lo que en la práctica provoca que miles de hechos quedaran impunes. El miedo a represalias, la desconfianza en las autoridades o la presión psicológica ejercida por los extorsionadores impiden que las víctimas acudan al Ministerio Público.

Con la persecución de oficio, las fiscalías podrán iniciar una carpeta de investigación en cuanto tengan conocimiento del delito, ya sea por reportes ciudadanos, llamadas de emergencia, alertas de instituciones financieras, denuncias anónimas o información obtenida por otras investigaciones. El mensaje es claro: la extorsión deja de ser un problema que la víctima enfrenta sola y hora tendrá de su lado a toda la fuerza del Estado.

La medida cobra especial relevancia en el caso de la extorsión telefónica, una práctica ampliamente extendida en el país. Este tipo de delito se caracteriza por amenazas, engaños y manipulación emocional, muchas veces dirigidas a comerciantes, familias y personas adultas mayores, pero otras son al azar. Aunque en numerosos casos no existe un daño físico inmediato, el impacto psicológico y económico puede ser devastador, además de generar un clima permanente de miedo.

Autoridades federales han señalado que perseguir la extorsión de oficio permitirá atacar de raíz las estructuras criminales que operan detrás de estas llamadas, muchas de ellas realizadas desde centros penitenciarios o mediante redes organizadas que operan en distintos estados. Al no depender exclusivamente de la denuncia de la víctima, se busca reducir la “cifra negra”, es decir, los delitos que no se denuncian y que, por lo tanto, no aparecen en las estadísticas oficiales.

Otro de los objetivos centrales de esta reforma es proteger a las víctimas. Al disminuir la presión de tener que presentarse personalmente a denunciar, se reduce el riesgo de represalias y se facilita que las autoridades actúen con mayor rapidez. Además, se abre la puerta a estrategias de investigación más amplias, como el rastreo de números telefónicos, cuentas bancarias y patrones de operación de los grupos delictivos.

Especialistas en seguridad y derecho penal han señalado que el reto ahora será la correcta implementación de la norma. La persecución de oficio exige fiscalías fortalecidas, con capacidad técnica, coordinación interinstitucional y protocolos claros para identificar, investigar y judicializar los casos de extorsión. Sin estos elementos, advierten, el cambio legal podría quedarse sólo en el papel; en Veracruz la FGE está mostrando el perfil adecuado para realizarlo.

El mensaje político y social es contundente. Al establecer que la extorsión se persigue de oficio, el Estado reconoce la gravedad del delito y asume un papel más activo frente a uno de los fenómenos criminales que más afecta la vida cotidiana de la población. El combate a la extorsión, aseguran las autoridades, va en serio y ya no dependerá del miedo o el silencio de las víctimas, sino de la acción directa de las instituciones con el respaldo pleno de las fuerzas armadas.