Oaxaca de Juárez, 26 de enero de 2026 | Redacción.- Este domingo, Oaxaca vivió un ejercicio inédito en su historia política local y del país: su primera consulta de revocación de mandato, destinada a decidir si el gobernador Salomón Jara Cruz debe continuar al frente del Ejecutivo hasta 2028 o dejar el cargo anticipadamente. A pesar de la expectativa generada, los resultados preliminares y las cifras finales reflejan un fenómeno preocupante para la calidad democrática y el uso de recursos públicos.

La jornada, organizada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), se realizó el domingo 25 de enero pasado, en más de 2 mil 800 casillas distribuidas en los 570 municipios del estado. En la papeleta se planteó la sencilla pregunta de rigor: si el gobernador debe seguir en el cargo o si debe ser revocado por “pérdida de confianza”.

Aún con el recuento oficial en proceso, datos preliminares difundidos por las autoridades electorales señalan que una mayoría de quienes participaron votó por que Jara continúe en el cargo. Sin embargo, la participación ciudadana estuvo muy por debajo del umbral requerido legalmente: apenas cerca del 20 % del padrón electoral, lejos del 40 % mínimo necesario para que el resultado tenga efectos legales vinculantes. Por ello, aunque el mandatario conserva el cargo, el ejercicio no obliga a ninguna consecuencia jurídica directa.

La revocación de mandato fue promovida con entusiasmo por el propio gobernador, como _lo que llamó_ una muestra de transparencia democrática.

Pero ese ejercicio deberá ser revisado, pues más allá de la baja participación, el principal foco de descontento popular ha sido el costo de la votación: según cifras oficiales y presupuestarias, la organización del proceso implicó una erogación oficial que rondan entre los 124 y 186 millones de pesos, dependiendo de la fuente consultada, con aprobaciones presupuestales y ajustes legislativos incluidos en las etapas previas del ejercicio.

Para muchos habitantes de la entidad y del país, estos millones destinados a una consulta que no alcanzó participación suficiente para ser vinculante representan una pésima priorización de recursos públicos, sobre todo en un estado con brechas profundas en salud, educación, servicios básicos y desarrollo económico. “Este ejercicio costó más de lo que se invierte en múltiples programas sociales esenciales y terminó como un evento simbólico sin impacto real”.

La percepción es de trivialización —por meter cifras de millones de pesos en una consulta que no definió nada concreto— estos hechos serán un punto que requerirá un profundo análisis que deberá influir en esa materia en otros estados; pues llegar a autorizar ese ejercicio democrático no debe ser “de contentillo”, debe sustentarse en una base popular y no oficial, y quienes menos deberán promoverlos son los y las gobernadoras, bajo el riesgo de que la revocación de mandato se convierta en el “espejito mágico de la madrastra de Blanca Nieves”, que les diga la gente los quiere mucho.

Afortunadamente, en Veracruz este no es un tema prioritario, aunque a los opositores se les queman las habas por avanzarlo; pero si llegara suceder en territorio veracruzano, proponemos que sean los partidos políticos quienes _de sus propias prerrogativas_ paguen la logística del voto.