Xalapa, Ver. 7 de agosto 2024 | Redacción Revista el Tlacuilo.– Mientras miles de jóvenes enfrentan dificultades económicas, violencia y escasas alternativas de desarrollo personal, la Universidad Veracruzana (UV), una institución pública financiada con millonarios recursos del erario, público ha comenzado a cobrar por el acceso a sus instalaciones deportivas, incluso a los jóvenes que forman parte de la comunidad universitaria.

Así, mientras el Gobierno estatal impulsa el humanismo quitando las cuotas de los tecnológicos, el Rector Espurio cierra las puertas a los que menos tienen. El cobro podrá parecer mínimo para quienes gozan de estabilidad económica (10 pesos por persona), pero es un candado real para los jóvenes que solamente cuentan con lo de su pasaje.

El efecto social es claro: quien no puede pagar, se queda fuera. Esto no solo contradice la vocación pública de una universidad estatal, sino que excluye a quienes más necesitan espacios seguros para desarrollarse física y emocionalmente; actividades que los alejan de “los malos pasos”.

En el 2021, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, ya había dado el mismo golpe al establecer una cuota de 10 pesos para acceder a las pistas del Campus CAD, esto si no se mostraba credencial institucional; pero ahora va más allá, el cobro es parejo.

En 2019, la Fundación UV con la complicidad de su antecesora, la rectora Ladrón, estableció un cobro mensual de 400 pesos a grupos de corredores, lo que generó inconformidad en la comunidad usuaria. Aunque se trataba de usuarios externos, muchos de ellos eran jóvenes sin otro lugar donde practicar deporte sin riesgo; ante las críticas y la justificada inconformidad social han tenido que dar marcha atrás a los cobros, pero ese dinero opaco y libre de fiscalización es demasiado atractivo como para no intentarlo de nuevo.

Especialistas en prevención del delito y desarrollo comunitario coinciden en que el acceso libre a instalaciones deportivas es un factor clave para alejar a la juventud de los vicios y de la violencia. Reducir ese acceso en nombre de una supuesta “recuperación de costos” es, en el mejor de los casos, una medida insensible; y en el peor, una expresión de una lógica excluyente que rompe con el principio de equidad educativa y social.

Las universidades públicas no deben funcionar como clubes privados. Su razón de ser es servir al pueblo, no cobrarle lo que ya pagó con sus impuestos.

En un país donde solo el 20% de los adolescentes practica deporte de forma regular, privatizar el acceso a los espacios deportivos es una renuncia al deber público de formar generaciones más sanas, integradas y alejadas del crimen.

El llamado a las autoridades universitarias es claro: transparencia, inclusión y sentido social deben estar por encima de cualquier lógica administrativa. Cobrar por hacer ejercicio en espacios públicos es, en este contexto, una forma sutil pero eficaz de marginación y exhibe la voracidad de las autoridades universitarias.