Xalapa, Ver., 3 de junio | Redacción. — Integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad Veracruzana (UV) han mostrado su rechazo al intento ilegal por parte del rector Invisible, Martín Aguilar Sánchez, para extender su mandato por un segundo periodo, sin convocar al proceso de auscultación pública establecido en la ley orgánica de la institución. Lo que se conoce coloquialmente como un “Albazo”.

Durante una conferencia de prensa, diversos actores de la comunidad expresaron su repudio a lo que calificaron como una maniobra contraria al principio de autonomía universitaria. Señalaron que la gestión del rector ha estado marcada por la opacidad, la falta de diálogo y el deterioro del ambiente académico.

“El rector no puede designarse a sí mismo. Eso sería un golpe a la autonomía y un retroceso en la vida democrática de la universidad”, sostuvo una académica del área jurídica que prefirió el anonimato.

El consejero universitario Rafael Vela y el aspirante a la rectoría Jorge Manso Denes advirtieron que la posible prórroga carece de sustento legal y exigieron a la Junta de Gobierno emitir, a más tardar el 1 de julio, la convocatoria correspondiente al periodo rectoral 2025–2029. Recordaron que la legislación vigente no contempla la continuidad automática del titular en funciones, y que el artículo 36 de la Ley Orgánica exige el cumplimiento de requisitos que, aseguraron, el actual rector no cumple, entre ellos la edad máxima permitida para postularse.

Vela también denunció actos de hostigamiento institucional en su contra por parte de autoridades universitarias. Relató que fue vigilado por personal del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, removido de su cátedra en la Facultad de Economía y se le impidió realizar actividades académicas. “Quisieron callarme por denunciar irregularidades y defender la autonomía”, afirmó.

En la misma conferencia, se alertó sobre el deterioro de los indicadores académicos de la UV. La institución ha caído al lugar 32 en el ranking nacional de universidades públicas, cuando anteriormente se ubicaba entre las diez primeras. Asimismo, se denunció un rezago educativo generalizado y un subejercicio presupuestal estimado en 500 millones de pesos anuales.

“La universidad ha sido abandonada por sus autoridades. No han defendido ni el derecho a la educación ni la calidad académica. Han bloqueado a quienes levantamos la voz”, señaló Vela, quien anunció la próxima publicación de un libro que documenta presuntas irregularidades cometidas por la administración saliente.

La comunidad universitaria ha comenzado a organizarse para exigir la apertura formal del proceso de sucesión, mediante asambleas estudiantiles y académicas programadas antes del 6 de julio. El llamado general es a que se respete el marco legal y se garantice una transición legítima.

“El proceso es claro: debe haber convocatoria, registro de aspirantes, auscultación amplia y una terna. La prórroga sin proceso no está permitida por la ley. Lo demás es simulación”, sentenció Manso Denes.

Académicos y especialistas coincidieron en que una prórroga discrecional atentaría contra el principio de autonomía y sentaría un precedente riesgoso. Aseguraron que la legalidad no está sujeta a interpretación política y que la defensa de la universidad pública exige compromiso ético y jurídico.

“La historia nos está observando. Estamos llamados a actuar con integridad, responsabilidad y amor por nuestra alma mater”, concluyó Rafael Vela.