Veracruz, Ver, 29 de mayo | Redacción | Revista El Tlacuilo. – El Centro Histórico del puerto de Veracruz atraviesa una situación crítica debido a una polémica obra de remodelación impulsada por el Ayuntamiento, la cual ha sido severamente cuestionada por vecinos, comerciantes y especialistas por su impacto negativo en la movilidad, el comercio local y la estética urbana.

La intervención, que consiste en la sustitución de banquetas y pavimento por adoquines para que se vea bonito ha generado gran inconformidad entre la ciudadanía. En el tramo ya intervenido, las banquetas han quedado al mismo nivel de la calle, lo que ha obligado a colocar bolardos, muy chafas, son de plásticos rellenos de cemento, cuya funcionalidad ha sido puesta en duda. Además de son frágiles y poco efectivos que no lograrían detener un vehículo a mediana velocidad; estos dispositivos representan un riesgo para los peatones y desentonan visualmente con la arquitectura del centro.

Los comerciantes del primer cuadro del centro reportan pérdidas de hasta un 50% en sus ventas diarias, con días en los que no logran generar ingresos. Algunos negocios ubicados sobre la calle Independencia han optado por cerrar temporalmente, mientras que otras vías como 5 de Mayo, Morelos y Zaragoza también han sido afectadas. Esta obra corresponde a una segunda etapa de intervención urbana, lo que indica que el problema no es reciente y se ha venido arrastrando desde hace tiempo.

Los Portales, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, también sufren los estragos de las obras. La afectación incluye a vendedores ambulantes que dependen del flujo peatonal en la zona para subsistir.

Aunque las autoridades municipales han asegurado que la obra concluirá en un plazo de tres meses (¡Serán enchiladas!), la ciudadanía se muestra escéptica. Algunos temen que el proyecto, cuyo costo asciende a 228 millones de pesos, se prolongue hasta finales de año o incluso quede inconcluso, heredando el conflicto a la próxima administración, pero ya con el dinero desaparecido.

Cabe señalar que este tipo de proyectos suelen realizarse con recursos federales, pero son los Ayuntamientos quienes los planean y ejecutan. Existen dudas sobre la transparencia y el destino final de los fondos, ya que estos trabajos suelen estar sujetos a sistemas de fiscalización laxos, lo que abre la puerta a posibles desvíos del dinero público.

La ciudadanía exige la intervención de las autoridades estatales para revisar la viabilidad y seguridad del proyecto, así como para frenar la colocación de más bolardos que, además de ineficaces, podrían representar un gasto constante en mantenimiento por su deterioro prematuro ante el clima de la región.