Desde Palacio de Gobierno, el jefe del ejecutivo estatal, Cuitláhuac García Jiménez, fue claro al puntualizar qué todos los municipios afectados por el cierre de la presa Yuribia tienen Comisiones que dependen de los Ayuntamientos para el suministro y cobro del agua; por lo tanto, sobreentendemos, es a estos a quienes corresponde dialogar y resolver el conflicto.

Apuntó que por parte de su Gobierno sí se han cumplido los compromisos con la región: “Hemos hecho obra, seguiremos haciendo obra, tenemos dos años que nos restan, y 4 año los alcaldes, vamos a ir cumpliendo con las comunidades de acuerdo a lo programado, porque debemos repartir los recursos en todas las regiones del estado”.

Por su parte, el presidente municipal de Tatahuicapan, Eusebio González Hernández, dejó en claro que la toma de la presa Yuribia que llevan a cabo ejidatarios de este municipio se debe a que las autoridades de los Ayuntamientos de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque no han cumplido con los compromisos de apoyar a las comunidades aledañas a la prensa.

Mientras que el alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, calificó el conflicto como un mal entendido solamente: “Yo considero que es un tema de malos entendidos y nos desharía que el tema llegara a los tribunales por eso vamos a agotar el dialogo; si el tiempo se prolonga pues creo que tendríamos que tomar otras medidas, pero insisto nuestro papel es tratar de llegar a un acuerdo, porque no queremos llegar a una querella”.

Desde Minatitlán la alcaldesa, Carmen Medel Palm, ya había advertido de un “mal entendido” a principios de este mes, citando al diputado federal Esteban Bautista Hernández, quién les llamó para informarles que “debían” el pago de una obra; la alcaldesa reclamó entonces que fue Tatahuicapan quien contrató una empresa para la construcción del camino San Miguel que incluye tareas hidráulicas; lo cual no estaba en la minuta acordada y no se les informó de la magnitud de la obra que iba a hacerse.

Además, indicó que “ellos (suponemos que el alcalde) contrataron una compañía a modo, la cual está cobrando 2 millones 300 mil pesos por la obra, aunque el acuerdo solo era la entrega de material para desarrollar el camino”.

“Aiga sido como aiga sido”, el conflicto es entre Ayuntamientos y por esta ocasión _como sí sucedió en muchas administraciones anteriores_ el Gobierno Estatal no cayó en la tentación de intervenir y causarse un desgaste innecesario en un conflicto que, de inicio, no le corresponde, aunque si se complica tendría que entrarle al quite.