Redacción.- La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, apenas tres años y medio después de haber asumido el cargo, obliga a revisar uno de los mecanismos más controvertidos de nuestra democracia: la insaculación, ese procedimiento constitucional que permite resolver mediante una tómbola lo que los representantes populares no consiguieron acordar mediante el diálogo político.

En marzo de 2023, ante la falta de consensos en la Cámara de Diputados, la suerte decidió quién ocuparía durante nueve años la presidencia del organismo encargado de garantizar las elecciones en México. Guadalupe Taddei resultó favorecida en un sorteo entre cinco aspirantes previamente evaluadas. El procedimiento fue legal, pero su desenlace deja una pregunta incómoda: ¿es suficiente cumplir con la Constitución para garantizar una designación institucionalmente acertada?

El problema no es necesariamente la tómbola, concebida como una salida ante el bloqueo parlamentario, sino los filtros políticos y técnicos que determinan quiénes pueden llegar a ella. Porque el azar solamente opera entre los nombres previamente seleccionados y, si ese proceso permite conflictos de interés o no garantiza independencia, el sorteo termina legitimando una selección cuestionable.

Taddei llegó al INE en medio de cuestionamientos. Su trayectoria profesional en organismos electorales era amplia, pero tampoco faltaron cuestionamientos sobre su independencia. Durante su gestión se acumularon desacuerdos internos, polémicas por nombramientos y, finalmente, señalamientos de presuntas irregularidades en contrataciones que precipitaron su renuncia.

Nada de ello demuestra que la insaculación sea, por sí misma, responsable de los problemas posteriores. Sí evidencia la necesidad de fortalecer las evaluaciones de idoneidad, los mecanismos de rendición de cuentas y los controles sobre quienes llegan a dirigir instituciones autónomas.

La reflexión resulta particularmente oportuna cuando el Congreso debe designar a quien concluya el periodo originalmente previsto hasta 2032. Repetir el procedimiento sin revisar sus debilidades sería desperdiciar una lección institucional. Dejar una decisión al azar no significa dejar también al azar el futuro de las instituciones.