Redacción.- La diputada Elizabeth Morales García se refirió a la postura asumida por el Gobierno del Estado frente a las cuotas escolares y aportaciones de padres de familia, particularmente ante las quejas surgidas durante el actual periodo de inscripciones.

La gobernadora Rocío Nahle ha reiterado que ningún plantel público puede condicionar la inscripción, permanencia o entrega de documentos al pago de una cuota. Incluso instruyó colocar avisos visibles en las escuelas para informar a las familias que no existe obligación de cubrir cuotas de inscripción.

La secretaria de Educación de Veracruz, Raquel Bonilla Herrera, confirmó además que la dependencia emitió una circular a los diferentes niveles educativos para dejar establecido que estos pagos no pueden convertirse en requisito para que niñas, niños y jóvenes tengan acceso a la educación. La funcionaria reconoció que las inconformidades relacionadas con cuotas escolares se encuentran entre las quejas más frecuentes que recibe la SEV.

La disposición, sin embargo, distingue entre una cuota obligatoria de inscripción y las aportaciones voluntarias que las asociaciones de padres acuerdan para atender necesidades de los planteles.

La Asociación Estatal de Padres de Familia de Veracruz ha respaldado que ninguna aportación pueda condicionar el servicio educativo, aunque sostiene que los padres que así lo decidan pueden continuar colaborando voluntariamente para gastos como productos de limpieza, pintura o reparaciones menores.

El tema cobra especial importancia ante las carencias que todavía enfrentan numerosos planteles. La propia gobernadora ha señalado que las necesidades administrativas y materiales de las escuelas deberán ser atendidas también por las autoridades educativas y no convertirse automáticamente en una carga para las familias.

En ese contexto, Morales destacó que ambas decisiones pueden complementarse: por un lado, abrir la posibilidad de que los gobiernos inviertan legalmente en escuelas que durante años quedaron fuera de determinados apoyos por carecer de escrituras y, por otro, impedir que esas carencias terminen convirtiéndose en cobros obligatorios para madres y padres de familia.

La legisladora consideró que el objetivo debe ser garantizar que las condiciones económicas de una familia o los problemas jurídicos del terreno donde se encuentra una escuela no sean obstáculos para que los estudiantes tengan acceso a instalaciones dignas y a una educación pública gratuita.