Redacción.- En Veracruz hay una frase que se repite con demasiada frecuencia: algunos alcaldes terminan inaugurando más audiencias que obras públicas. El fenómeno no distingue colores partidistas. Todos han tenido presidentes municipales que dejaron el despacho para sentarse frente a un juez.

Entre los casos más recordados está Reveriano Pérez Vega, exalcalde de Coxquihui, desaforado en 2018 y detenido en 2025 para enfrentar un proceso por homicidio calificado, además de los múltiples señalamientos que durante años lo vincularon con grupos delictivos en el norte del estado.

Otro expediente que cimbró a Veracruz fue el de Gregorio "Goyo" Gómez Martínez, exalcalde de Tihuatlán. Su detención en plena campaña electoral de 2021 provocó bloqueos carreteros y una fuerte confrontación política. Enfrentó procesos por portación de armas, posesión de vehículo con reporte de robo, narcomenudeo y otros delitos; posteriormente recuperó su libertad.

En Minatitlán, el entonces alcalde Nicolás Reyes Álvarez fue detenido y procesado por su presunta participación en el homicidio del director de Gobernación municipal, un caso que impactó porque involucró directamente a integrantes del propio Ayuntamiento.

Más reciente es el caso de Carlos Alberto Ventura de la Paz, exalcalde de Atoyac, detenido apenas concluyó su administración, acusado de homicidio calificado, demostrando que el fuero tiene fecha de caducidad.

Y ahora la historia suma dos nuevos nombres: Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, investigado por el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán; y Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, sujeto a investigación por desaparición forzada. Ambos perdieron el fuero tras la declaratoria de procedencia del Congreso y deberán enfrentar los procesos como cualquier ciudadano.

Lo verdaderamente preocupante es que la lista ya dejó de sorprender. Cambian los gobernadores, cambian las siglas y cambian los discursos, pero los expedientes siguen llegando a los tribunales. Cada partido, cuando le toca, jura que sus alcaldes son víctimas de persecución política; curiosamente, esa teoría aparece hasta que la Fiscalía toca la puerta.

La lección debería ser sencilla: el fuero nunca fue un certificado de buena conducta. Era una protección constitucional, no una patente de impunidad. Y cuando un alcalde termina respondiendo por homicidio, desaparición forzada, corrupción o delincuencia organizada, el debate ya no debería centrarse en el color del partido, sino en la capacidad del Estado para castigar a quien abuse del poder, venga de donde venga.