Xalapa, Veracruz | Redacción. — Integrantes del Movimiento Antorchista en Veracruz realizaron una movilización y bloqueo en el centro de Xalapa, bajo el argumento de exigir atención inmediata del Gobierno del Estado a diversas demandas relacionadas con infraestructura carretera, salud, regularización de colonias y servicios básicos en distintas regiones de la entidad.

Durante la protesta, el dirigente estatal de Antorcha Campesina, Samuel Aguirre Ochoa, acusó que las movilizaciones son consecuencia de la falta de respuesta a peticiones y gestiones realizadas desde hace varios meses ante autoridades estatales.

Asimismo, señaló que existen centros de salud y hospitales iniciados por administraciones anteriores que continúan inconclusos.

“Cuitláhuac se comprometió a terminarlos y no hizo absolutamente nada. No queremos que haga lo mismo la señora Rocío Nahle”, sostuvo.

El dirigente acusó además que, durante la pasada administración estatal, encabezada por Cuitláhuac García Jiménez, el movimiento enfrentó actos de represión política y judicial. También insistió en que buscan diálogo directo con la gobernadora Rocío Nahle.

Hasta ahí, el guion parece el de siempre: movilización, presión, bloqueo, exigencias y, de paso, el intento de sentarse directamente con el poder en turno. Una fórmula que Antorcha ha sabido poner a caminar, sobre todo cuando se acercan tiempos electorales.

Porque detrás del discurso de lucha social también hay una larga historia de beneficios políticos y patrimoniales que no puede pasarse por alto. Durante años, el matrimonio político conformado por Samuel Aguirre Ochoa y Minerva Salcedo Baca ha utilizado este tipo de movilizaciones —y las amenazas de protestas más rudas— como mecanismo de presión para acceder a posiciones públicas, diputaciones, regidurías y espacios de poder.

En Xalapa, por ejemplo, todavía pesa el señalamiento sobre la entrega opaca de bienes que pertenecían al pueblo xalapeño, entre ellos un auditorio completo y un campo deportivo, inmuebles de alto valor que, en cualquier revisión seria, tendrían que ser recuperados por las instancias correspondientes, incluida la Secretaría federal encargada de devolver al pueblo lo robado.

No deja de llamar la atención que quienes hoy se dicen reprimidos hayan logrado construir una vida de privilegios, incluida una mansión en la capital del estado, mientras mantienen un discurso de persecución que ya suena gastado. Si realmente hubiera represión, estarían enfrentando otra realidad; pero si hubiera justicia plena, quizá también tendrían que explicar cómo obtuvieron tantos beneficios al amparo de la presión política.

Hoy buscan medir fuerzas con una gobernadora de carácter firme, que difícilmente se dejará doblegar por bloqueos, amenazas o viejas prácticas de chantaje callejero. Los tiempos cambiaron, aunque algunos dirigentes sigan usando el mismo libreto.

Se les acabó la fiesta, señores.