Redacción.- Lo que ocurre con Grupo MAS en Veracruz y Medellín de Bravo dejó de ser, desde hace mucho tiempo, una simple queja vecinal por falta de agua, recibos altos o mal servicio. El caso ya se convirtió en una muestra preocupante de cómo una concesión pública en mano de particulares “a modo” puede operar durante años bajo señalamientos ciudadanos, observaciones técnicas y dudas profundas sobre su cumplimiento.

La auditoría del ORFIS no aparece en el vacío. Llega después de años de inconformidad social y de miles de quejas por un servicio que muchos usuarios consideran deficiente, caro y, en ocasiones, indigno. Porque una cosa es abrir la llave y que no salga agua; otra, todavía más grave, es que salga con olor a caño, con aspecto turbio y color chocolatoso, como han denunciado usuarios que, aun así, reciben puntualmente el cobro del servicio.

Ahí está el verdadero fondo del asunto: no se trata únicamente de revisar papeles, contratos o estados financieros. Se trata de revisar si una empresa privada, encargada de un servicio público esencial, ha cumplido realmente con la población. El agua no es un lujo, no es una mercancía cualquiera ni puede tratarse como un negocio sin rostro. Es una necesidad básica, un derecho humano y una obligación que debe garantizarse con calidad, continuidad, transparencia y respeto.

El ORFIS ya había señalado en revisiones anteriores que Grupo MAS no acreditó plenamente eficiencia, eficacia ni calidad en la prestación del servicio. También observó problemas en controles internos, falta de evidencia suficiente sobre mantenimiento de infraestructura, dudas sobre la aplicación de tarifas, ausencia de documentación comprobatoria en programas de inversión y falta de elementos para verificar acciones reales en la operación del sistema hidráulico.

Dicho de otro modo: la concesionaria no solo ha sido cuestionada en la calle; también ha sido observada en los documentos. Y cuando la molestia ciudadana coincide con hallazgos institucionales, el problema ya no puede barrerse debajo del tapete ni resolverse con comunicados bonitos.

Uno de los puntos más delicados tiene que ver con las tarifas. Durante años, usuarios han señalado cobros excesivos, ajustes poco claros y recibos que no siempre corresponden con la calidad del servicio recibido. Si el agua llega sucia, si huele mal, si no tiene presión, si se interrumpe constantemente o si de plano no llega, ¿con qué autoridad moral se cobra como si el servicio fuera eficiente?

También está el tema del mantenimiento. Las fugas, los socavones, los drenajes colapsados, los hundimientos y los reportes ciudadanos constantes no son hechos aislados: son síntomas de una red enferma, de una infraestructura que requiere inversión, supervisión y trabajo permanente. Pero si además no se acredita con claridad cuánto se invierte, dónde se invierte y cómo se da mantenimiento, entonces la duda pública crece con toda legitimidad.

La nueva auditoría solicitada por el Ayuntamiento de Veracruz debe ir al fondo. No basta con revisar si los papeles están acomodados; tiene que revisarse si la concesión ha servido realmente a la gente. Hay que saber si Grupo MAS cumplió con sus obligaciones, si aplicó correctamente las tarifas, si invirtió lo comprometido, si atendió las quejas, si mantuvo la infraestructura y si entregó agua en condiciones aceptables para la población.

Porque aquí hay una contradicción brutal: se privatizó o concesionó parte de la operación con el discurso de mejorar el servicio, pero la ciudadanía sigue cargando cubetas, comprando pipas, pagando garrafones, soportando malos olores, recibiendo agua turbia y enfrentando recibos que no perdonan ni aunque el servicio falle.

El agua color chocolate no puede normalizarse. El olor a caño no puede justificarse. La falta de presión no puede convertirse en rutina. Los cobros excesivos no pueden asumirse como destino. Y la opacidad en una concesión pública no puede tratarse como un simple detalle administrativo.

Si la auditoría confirma incumplimientos graves, las autoridades deberán actuar con firmeza. No con discursos, no con amenazas mediáticas, no con simulaciones legales, sino con consecuencias concretas. Una concesión de agua no puede sostenerse solo porque existe un contrato; debe sostenerse porque cumple, porque sirve y porque responde a la gente.

Grupo MAS tiene que rendir cuentas. Y las autoridades que los solaparon también. Porque durante años alguien permitió que el problema creciera, que las quejas se acumularan y que el malestar ciudadano se volviera parte del paisaje ¿Usted cree que las autoridades municipales cerraron los ojos de manera gratuita? Nosotros tampoco.

Hoy la pregunta ya no es si la gente está molesta. Eso está claro. La pregunta es si las instituciones tendrán el valor de revisar a fondo una concesión que, para muchos usuarios, ha “salpicado” a muchos, menos a los usuarios.