Redacción.- A partir del próximo 26 de abril entrarán en vigor en El Salvador las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Legislativa que, entre otros cambios, permitirán imponer prisión perpetua a menores de edad desde los 12 años por delitos graves como homicidio, feminicidio y violación.

De acuerdo con la más reciente publicación en el Diario Oficial, las modificaciones legales no solamente alcanzan a la Constitución, sino que derivaron también en ajustes al Código Penal, al Código Procesal Penal, a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, a la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y a la Ley Penal Juvenil.

Como parte de estos cambios, también fue reformada la Ley Orgánica Judicial, con lo que juzgados de menores pasarán a convertirse en tribunales de lo criminal, instancias que tendrán la facultad de analizar y resolver los casos en los que proceda la cadena perpetua. Asimismo, las reformas contemplan la creación de un mecanismo de revisión para las sentencias de prisión perpetua que sean impuestas bajo este nuevo marco legal.

La decisión ha provocado reacciones de organismos internacionales. El Comité de los Derechos del Niño y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia expresaron su profunda preocupación por estas reformas, al considerar que el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley debe priorizar la rehabilitación y la reintegración, dejando la privación de la libertad como último recurso y por el menor tiempo posible.

En la misma línea, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a las autoridades salvadoreñas a revisar con prontitud estos cambios constitucionales, al estimar que resultan preocupantes por contradecir normas internacionales en materia de derechos humanos.

Hasta ahora, el gobierno de El Salvador no ha emitido una respuesta a estos llamados ni a solicitudes de comentarios sobre el tema. No obstante, en ocasiones anteriores ha sostenido una postura crítica hacia organismos internacionales, al acusarlos de defender más a los delincuentes que a las personas honradas.

Estas reformas se enmarcan en el régimen de excepción vigente en El Salvador desde 2022, una medida que ha implicado la suspensión de derechos constitucionales y que ha permitido detenciones masivas. Según los datos referidos, más de 90 mil personas han sido detenidas en este periodo, aunque el presidente Nayib Bukele ha señalado que cerca del 10 por ciento ha sido liberado.

Mientras organismos internacionales mantienen observaciones por presuntas violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias, señalamientos que el gobierno salvadoreño rechaza, la administración de Bukele sostiene que estas acciones han contribuido a una reducción drástica de los homicidios en un país que durante años estuvo marcado por la violencia de las pandillas.