Redacción.- Si un operativo oficial termina con la agresión a un reportero frente a funcionarios y en plena diligencia, entonces algo salió mal más allá del trámite administrativo. Lo ocurrido en la Plaza San Jerónimo no sólo exhibe un conflicto por presuntas irregularidades en el uso de suelo, sino también una preocupante falta de condiciones de seguridad para garantizar el orden, proteger a la ciudadanía y respetar el trabajo periodístico.

El propio Ayuntamiento de Coatepec condenó la agresión contra el comunicador y reiteró su respeto a la libertad de expresión, pero el hecho deja una pregunta inevitable: ¿cómo es que en un procedimiento encabezado por personal de Protección Civil, la Dirección de Comercio y la Subdirección de Planeación Urbana, ¿no se previó un esquema mínimo de seguridad para evitar que la situación se saliera de control? Porque condenar después sirve de poco cuando la agresión ya ocurrió.

De acuerdo con la postura oficial, la tarde del miércoles 8 de abril se realizó un requerimiento en la Plaza Comercial San Jerónimo, ubicada en Jiménez del Campillo número 9, derivado de irregularidades administrativas relacionadas con el cambio de uso de suelo, mediante la notificación 101/2026. El Ayuntamiento aclaró que no se trató de una clausura de locales, pues se otorgará un plazo de tres meses para que los locatarios regularicen el giro de sus comercios.

El caso tiene como antecedente una queja ciudadana presentada en el Cabildo Abierto “Cuidado y Protección del Medio Ambiente”, realizado el 19 de febrero de 2026, además de inconformidades recurrentes por la operación de la plaza. Sin embargo, una cosa es intervenir con base en la ley y otra muy distinta hacerlo sin blindar el operativo ante posibles tensiones, dejando expuestos a reporteros, ciudadanos y a los propios servidores públicos.

El Ayuntamiento asegura que no tolera ningún acto de violencia y que serán las instancias correspondientes las que deslinden responsabilidades. Pero lo sucedido deja mal parado al operativo, porque cuando una diligencia oficial deriva en golpes o agresiones, no basta con hablar de legalidad: también hay que responder por la evidente falta de control y prevención. La autoridad debe poner orden en los comercios, sí, pero primero tendría que demostrar que sabe poner orden en sus propios operativos.