Redacción.- La denuncia contra el exalcalde de Banderilla, David Sangabriel Bonilla, no cae del cielo ni puede venderse como un hecho aislado. Durante su administración, la opacidad fue parte del paisaje y el manejo del recurso público levantó sospechas constantes, aunque por mucho tiempo todo quedara en el terreno de lo evidente, pero no plenamente acreditado. Ahora, con denuncias formales ya presentadas, aquello que durante años olía mal empieza a tomar forma institucional.

El actual alcalde, José Antonio Sangabriel Fernández, informó que recibió un ayuntamiento prácticamente en bancarrota, “sin un peso en las arcas”, y sostuvo que un despacho externo detectó presuntas anomalías tanto en el manejo de recursos del Ayuntamiento como en la Comisión de Agua municipal, documentación que ya fue entregada al ORFIS. Es decir, ya no se trata solo del viejo rumor de café ni del reclamo callejero: el asunto escaló a una ruta formal de fiscalización.

En realidad, el problema tampoco parece reducirse a un solo personaje. Lo que hoy sale a flote apunta más bien a una red de intereses enquistada desde hace varias administraciones, un grupo que hizo de las finanzas municipales un patrimonio de uso privado. Por eso no extrañó que, en su momento, David Sangabriel buscara cobijo político en personajes de peso dentro de la anterior administración veracruzana; solo que varios de esos padrinos hoy ya están desgastados y no tienen la fuerza de antes así que difícilmente podrán sacarlo del hoyo si las pruebas caminan.
El historial tampoco ayuda al exedil. En 2023, en plena crisis por la falta de agua en Banderilla, su gobierno quedó severamente cuestionado cuando habitantes bloquearon vialidades para exigir el servicio, y luego él mismo denunció ante la FGR a decenas de ciudadanos que protestaban. Aquel episodio lo retrató más ocupado en criminalizar el reclamo social que en resolver de fondo el problema. Incluso entonces ya había señalamientos sobre la Comisión Municipal de Agua y sobre presuntos malos manejos vinculados a ese entorno político-administrativo.

Lo irónico es que en 2024 el propio David Sangabriel presumía que ORFIS no había detectado daño patrimonial en Banderilla. Hoy, apenas cambiado el gobierno, aparece una nueva revisión externa con presuntas anomalías suficientemente serias como para derivar en denuncias. Eso no prueba por sí solo culpabilidad penal, pero sí exhibe que la supuesta pulcritud administrativa de la que tanto se habló estaba, por decir lo menos, lejos de ser una verdad intocable.

Por eso tampoco fue casual la desesperación del grupo aludido por retener el poder municipal a toda costa. La apuesta por imponer continuidad política no parecía responder únicamente a un proyecto de político, sino a una necesidad urgente de blindaje. Se invirtió en la campaña Guadalupe Márquez como quien compra tiempo, como quien intenta tapar con propaganda lo que ya venía destilando por las paredes, como si fuera si última tabla de salvación. Y si vemos lo que hoy empieza a suceder, quizá sí era su última tabla de salvación. Aunque bueno, serán las autoridades quienes determinen.