Redacción.- En Xalapa, el ambulantaje dejó de ser desde hace tiempo un fenómeno aislado para convertirse en un problema visible, constante y cada vez más extendido. Uno de los casos que más llama la atención es el del tianguis conocido popularmente como “el de Autozone”, instalado junto a Urban Center y el panteón Xalapeño, donde cada fin de semana se multiplica la presencia de puestos y la ocupación de la vía pública, en medio de molestias vecinales, problemas de movilidad y una evidente falta de claridad sobre quién regula, quién cobra y quién se beneficia políticamente de su permanencia.

Lo preocupante no es solamente el crecimiento del número de comerciantes, sino la sensación de permisividad que rodea este tipo de asentamientos. En ese punto de la ciudad, como en otros más, las banquetas y calles dejan de ser espacios de circulación para convertirse en zona de ventas, con todas las implicaciones que eso tiene para los vecinos, para el comercio establecido y para la autoridad municipal, que parece debatirse entre tolerar, administrar o simplemente dejar correr el problema. Apenas en enero de 2026, el propio Ayuntamiento de Xalapa reconoció que busca “ordenar” el comercio informal para evitar la obstrucción de banquetas y vialidades, y admitió también que existen permisos heredados de administraciones anteriores que siguen siendo respetados.

El tamaño del fenómeno no es menor. De acuerdo con declaraciones de autoridades municipales recogidas este año, en Xalapa habría alrededor de 14 mil comerciantes ambulantes, aunque el mismo Ayuntamiento admite que no cuenta con un padrón actualizado y que buena parte de ellos presenta rezago o falta de regularización. Ese dato, por sí solo, retrata el fondo del problema: si no hay registro claro, control efectivo ni certeza sobre pagos y permisos, el ambulantaje deja de ser sólo una salida económica para miles de familias y se convierte también en un terreno fértil para la discrecionalidad, el clientelismo y los negocios políticos al amparo de la necesidad.

A ello se suma otro ángulo delicado: el del comercio de mercancías sin suficiente supervisión. Ropa usada, objetos de procedencia incierta y artículos de “defensa personal” como navajas, puñales y “manoplas” forman parte de la oferta que puede encontrarse en varios espacios de comercio informal. El presidente de CANACO Xalapa advirtió apenas este mes que la informalidad en la región ya es una situación preocupante y citó cifras de INEGI para señalar un nivel de informalidad de 67 por ciento; además, sostuvo que la venta de productos no regulados y la invasión de banquetas afectan de manera severa al comercio formal y a la seguridad peatonal.

Y aquí aparece la gran pregunta que nadie responde con claridad: ¿de quién es realmente el negocio? Porque en cada puesto hay una persona que busca sobrevivir, sí, pero detrás de la ocupación sistemática de calles completas suele haber estructuras de control, cobro, tolerancia y protección que rara vez son transparentes. El problema no es sólo que haya ciudadanos viviendo del comercio informal; el problema es la opacidad con la que se administra su presencia y la manera en que distintos grupos de poder pueden sacar provecho económico o político de esa necesidad y hasta una puerta abierta para que la delincuencia tome el control de los espacios.

Más todavía: la propia normatividad municipal no deja demasiado espacio para la ambigüedad. El reglamento municipal citado en fuentes jurídicas establece que en Xalapa está prohibido el ejercicio del comercio en la vía pública salvo en los casos autorizados por el Ayuntamiento, y que esos permisos no otorgan derechos de posesión sobre los espacios ocupados. En otras palabras, la calle no debería convertirse en patrimonio de nadie, mucho menos en territorio capturado por liderazgos, cuotas o arreglos informales.

El dilema, por supuesto, no se resuelve con discursos fáciles. Sería mezquino ignorar que muchas familias encuentran en estos tianguis una fuente de ingreso. Pero también sería irresponsable cerrar los ojos ante el crecimiento desordenado, la falta de control sanitario y comercial, la competencia desigual frente a negocios formales y la ocupación de espacios que son de todos. Xalapa necesita orden, reglas claras y transparencia; no persecución al necesitado, pero tampoco manga ancha para los intermediarios de siempre.

Porque cuando el ambulantaje crece sin control, no sólo se llenan las calles de puestos: también crecen la duda, el desorden y la sospecha de que, una vez más, alguien hace negocio con la necesidad ajena.