Redacción. – Lo que comenzó como una bandera ecológica hoy vuelve al centro del debate legislativo. La Cámara de Diputados analiza una iniciativa para que los supermercados y tiendas de autoservicio retomen la entrega gratuita de bolsas para el traslado de mercancías, luego de que la prohibición de las bolsas plásticas de un solo uso —vigente desde 2020— derivara en un nuevo costo para millones de consumidores.

La reforma ambiental fue presentada pasada como un paso firme en la lucha contra la contaminación por plásticos. México genera más de 100 mil toneladas de residuos sólidos al día y una parte importante corresponde a desechos plásticos. Sin embargo, en la práctica, la eliminación de las bolsas gratuitas dio paso a que los autoservicios se ahorraran millones de pesos y todavía pusieran en práctica la venta “opcional” de bolsas reutilizables, cuyo precio oscila actualmente entre los 15 y 20 pesos por unidad en la mayoría de las cadenas comerciales… ¡Un negocio redondo!

Y es ahí donde surge la pregunta que hoy resuena en San Lázaro: ¿la medida fue realmente un avance ecológico o terminó beneficiando a las grandes empresas de autoservicio? Legisladores que impulsan la iniciativa sostienen que, más allá del discurso ambiental, las cadenas comerciales encontraron una nueva fuente de ingresos al convertir en producto lo que antes era un servicio incluido.

Legisladores proponen reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor para que los comercios no puedan cobrar directa o indirectamente por la entrega de bolsas reutilizables y que estas formen parte del servicio de venta, sin costo extra para el cliente y que vuelvan a ofrecerse como cortesía al cliente, bajo esquemas que no contravengan la legislación ambiental. El argumento central es frenar el llamado “gasto hormiga”, ese desembolso pequeño pero constante que, acumulado, impacta directamente en la economía familiar.

Críticos del modelo actual señalan que, si el objetivo era reducir la contaminación, pudo optarse por exigir materiales biodegradables o compostables sin trasladar el costo al consumidor. En cambio, la carga económica terminó recayendo en quienes acuden a hacer la despensa, mientras los supermercados redujeron gastos operativos y, en algunos casos, generaron utilidades adicionales.

El debate apenas inicia y promete confrontar dos visiones: la ambiental, que advierte del riesgo de retroceder en políticas contra el plástico, y la económica, que cuestiona si la regulación terminó convirtiéndose en un incentivo comercial disfrazado de conciencia ecológica.

En el fondo, la discusión no es solo sobre bolsas, sino sobre quién debe asumir el costo de la transición ambiental: ¿las empresas, el Estado o el consumidor? La respuesta, por ahora, sigue en el terreno político.