Redacción | Revista el Tlacuilo.- Hay una línea que no debería cruzarse nunca. Carece de legalidad, pero sobre todo de ética. Y esa línea es la que separa el cobro legítimo de una deuda de la rapiña disfrazada de justicia. En México, esa frontera ha sido violentada, organizaciones cíviles denuncian que financieras privadas han puesto la mano —con aval judicial— sobre los recursos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, un apoyo creado no para enriquecer acreedores, sino para garantizar la subsistencia mínima de quienes ya lo dieron todo.

Los casos documentados en Veracruz y otras entidades del país exhiben un patrón alarmante: financieras que, amparadas en pagarés, créditos abusivos o contratos leoninos, solicitan embargos sobre cuentas bancarias donde se deposita la pensión. Hasta aquí el abuso privado. Lo verdaderamente grave viene después: jueces que conceden estas medidas sin distinguir el origen del recurso, ignorando deliberadamente el carácter social, constitucional e inembargable del apoyo.

No se trata de errores administrativos aislados. Se trata de una lógica perversa donde el derecho mercantil pesa más que la dignidad humana. Donde un adulto mayor puede despertar un día con su tarjeta en ceros porque alguien decidió que una deuda vale más que su comida, sus medicinas o su tranquilidad. Donde el frío de la ley se aplica sin contexto, sin sensibilidad y, en algunos casos, sin pudor.

La voracidad de ciertos acreedores es evidente. Otorgan créditos fáciles, con intereses desproporcionados, dirigidos precisamente a quienes menos margen tienen para defenderse. Y cuando llega el impago —previsible, casi calculado—, activan una maquinaria legal que no busca justicia, sino captura de recursos públicos destinados a la protección social.

Pero la responsabilidad no termina en las financieras. Hay una corresponsabilidad incómoda y urgente de señalar: la de jueces que permiten estos embargos. Jueces que saben, o deberían saber, que la pensión no es salario, no es ahorro, no es renta. Es un derecho social. Cada resolución que autoriza su congelamiento no solo contradice criterios judiciales y principios constitucionales; traiciona la función básica de la judicatura: proteger al más débil frente al más fuerte.
Es urgente poner límites; recordar que hay recursos que no se tocan. Que hay personas que no pueden ser tratadas como números de expediente. Y que cuando la justicia se alía con la voracidad, deja de ser justicia y se convierte en cómplice.

Porque embargar la pensión de un adulto mayor no es cobrar una deuda. Es embargar su dignidad. Y eso, en cualquier país que se diga democrático, debería ser simplemente inadmisible.

Ojalá que las autoridades que otorgan el recurso lleven a cabo las denuncias correspondientes y sancionen a las financieras y a los jueces que se han lanzado por los pesos y los centavos que les dan nuestros impuestos a quienes ya dieron sus fuerzas por este país.