Redacción Revista el Tlacuilo.- A partir del 1 de febrero de 2026, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) tendrá un incremento del 3.69%. En el papel, la cifra parece moderada, técnica, casi invisible. En la vida cotidiana, no lo es tanto. La UMA, esa unidad que muchos desconocen pero que rige multas, trámites, contratos y seguros, volverá a recordarnos que los ajustes “administrativos” también pesan en la economía real.

La UMA nació con una intención correcta: separar el salario mínimo de las obligaciones legales. Fue una solución inteligente para evitar que cada aumento al salario detonara, como efecto dominó, multas más caras, créditos impagables y sanciones desproporcionadas. En ese sentido, la UMA cumplió su misión. Hoy el salario ha subido más que nunca por razones sociales y laborales, mientras la UMA se mueve con criterios técnicos ligados a la inflación.

El aumento de 3.69% para 2026 refleja precisamente eso: un ajuste inflacionario controlado. No es un capricho ni un castigo. Es la actualización de una regla de medición para que el Estado no cobre con valores atrasados. Desde el punto de vista institucional, es una decisión sana. Mantiene vigentes las leyes sin necesidad de reformarlas cada año y da certeza jurídica a contratos, seguros y obligaciones.

Ahí aparece el primer efecto positivo: certeza. Cuando una multa, una penalización contractual o un tope de seguro está expresado en UMAs, todos saben a qué atenerse. No depende del humor de la autoridad ni de interpretaciones discrecionales. Suba o baje la economía, la UMA se mueve con una lógica predecible. Eso da orden, especialmente en los contratos comerciales y en los esquemas de aseguramiento.

Otro efecto favorable es la actualización gradual. Un aumento de 3.69% no genera sobresaltos bruscos. No es un salto abrupto que vuelva impagable una obligación de un día para otro. Para empresas, aseguradoras y gobiernos, esto permite planeación financiera. Para abogados y jueces, reduce conflictos porque el parámetro es claro y oficial.

Pero sería ingenuo pensar que todo es positivo. El principal efecto negativo es silencioso: casi nadie percibe el aumento hasta que lo paga. Una multa de tránsito, un permiso municipal, un trámite notarial o una penalización contractual se encarece sin anuncio escandaloso, sin debate público, sin discusión social. Simplemente, cuesta más. Y en un país donde millones viven al día, incluso un ajuste “pequeño” puede sentirse grande.

En el terreno comercial, el aumento también tiene doble filo. Para quien cobra penalizaciones o establece límites de responsabilidad en UMAs, el ajuste es una protección. Para quien incumple o enfrenta una sanción contractual, el golpe es mayor. Muchas personas firman contratos sin entender qué significa una cláusula expresada en UMAs. Cuando llega el incumplimiento, descubren que el monto no es simbólico, sino perfectamente real.

En los seguros ocurre algo similar. Los topes de cobertura suben, lo cual es positivo porque protege mejor al asegurado. Pero también suben deducibles y límites de responsabilidad. No siempre el usuario lo nota hasta que necesita hacer válido el seguro.

El verdadero problema no es que la UMA aumente. El problema es que sigue siendo una gran desconocida. Se discute el salario mínimo, se debate la inflación, pero casi nadie habla de la UMA, a pesar de que afecta directamente la relación del ciudadano con el Estado y con el mercado.

El aumento de 3.69% para 2026 no es alarmante, pero tampoco es irrelevante. Es un recordatorio de que las reglas técnicas también tienen impacto social. Que detrás de cada porcentaje hay una multa, un contrato, un trámite o un seguro que costará más.

Entender la UMA ya no es opcional. Es una herramienta de defensa básica. Porque en México, muchas veces no perdemos dinero por mala fe, sino por no leer la letra pequeña… y no saber multiplicar una cifra llamada UMA.