Redacción.- En cada cambio de administración municipal se repite un problema silencioso pero constante: la falta de reglas claras para la entrega de redes sociales, portales oficiales y accesos digitales institucionales. En Veracruz, este vacío legal ha dejado a muchos gobiernos entrantes sin control inmediato de sus canales de comunicación, afectando la continuidad informativa y la operación administrativa.

Es importante subrayar que, en muchos casos, los alcaldes salientes en Veracruz no actuaron con la intención de afectar a quienes los suceden. La omisión, más que una maniobra política, suele ser consecuencia de la inexistencia de lineamientos legales específicos que obliguen a entregar claves, respaldos y portales activos como parte formal del proceso de entrega-recepción.

Las redes sociales institucionales, los sitios web oficiales y los dominios digitales se han convertido en herramientas estratégicas de comunicación pública. No son extensiones personales de un funcionario ni capital político privado; forman parte del patrimonio digital del Estado y de los municipios. Sin embargo, al no estar reguladas de manera expresa, quedan sujetas a interpretaciones, improvisaciones o, en el peor de los casos, a conflictos innecesarios.

Especialistas en administración pública coinciden en que no basta con entregar usuarios y contraseñas. La normatividad debería contemplar la entrega de portales en funcionamiento, con contenidos íntegros, bases de datos resguardadas y documentación técnica mínima que permita su operación inmediata por parte de la nueva administración.

En este contexto, resulta oportuno que el tema sea incorporado en la agenda legislativa del Congreso local. Una regulación clara permitiría evitar fricciones políticas, proteger la información pública y dar certeza tanto a funcionarios salientes como a entrantes. Legislar sobre la entrega obligatoria de activos digitales no es un asunto menor ni tecnológico: es una cuestión de orden administrativo, transparencia y responsabilidad institucional.

Veracruz enfrenta el reto de fortalecer su institucionalidad también en el ámbito digital. Hacerlo ahora, desde el Congreso, evitaría que en futuros cambios de gobierno se repita una problemática que hoy sigue resolviéndose, en muchos casos, más por buena voluntad que por obligación legal.