Redacción.- Los videos de Jaime Toral junto a doña Lety acumulaban cifras que, para el usuario común, eran escandalosas y, para la lógica de las redes sociales, apenas cumplían. Cada uno rondaba las 800 mil visualizaciones. Suficientes para monetizar, insuficientes para pasar desapercibidos cuando el relato comenzó a resquebrajarse.

Cuando Toral conoció a doña Lety, la mujer no podía caminar. De acuerdo con versiones difundidas en su propio contenido, fue encontrada desplazándose como podía por las calles de Tantoyuca. El influencer gestionó atención médica que le permitió volver a ponerse de pie; el diagnóstico inicial habló de una depresión severa. A partir de ahí, la historia se vendió como redención: viajes, giras, una casa donde vivir, comida, cuidados y hasta antojos. Todo documentado, todo grabado, todo convertido en contenido monetizable.

Pero el guion cambió. Doña Leticia denunció posteriormente que durante ese periodo fue mantenida presuntamente privada de su libertad y que incluso se intentó hacer lo mismo con su hijo. Afirmó que no tenía acceso libre a alimentos ni a agua. La narrativa del rescate se transformó en una acusación directa de abuso y explotación.

El escándalo creció como crecen las historias que combinan morbo, redes sociales y vulnerabilidad. La nota se volvió rentable para terceros, la indignación digital se disparó y Toral terminó huyendo del reflector que antes lo alimentaba.

Tras varios meses prófugo, y luego de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz ofreciera una recompensa de 350 mil pesos por información sobre su paradero, Jaime Toral fue detenido el pasado 22 de diciembre en el centro de Zacapoaxtla, Puebla. Posteriormente fue trasladado ante el Ministerio Público para enfrentar las acusaciones en su contra.

La Fiscalía veracruzana lo buscaba por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas, en la modalidad de explotación. Además, se le vincula con la desaparición de su expareja, Rosa Elena Pimienta Santos, reportada desde 2024, un señalamiento que añade un peso adicional al expediente.

En México, el delito de trata de personas se sanciona con penas que van de 5 a 30 años de prisión. Sin embargo, cuando concurren agravantes como explotación de personas en situación de vulnerabilidad, privación de la libertad o beneficio económico, las condenas pueden alcanzar hasta 50 años de cárcel, especialmente si las víctimas son adultas mayores o personas con discapacidad.

Será la autoridad judicial la que determine si estos agravantes se acreditan. Por ahora, el caso deja una lección incómoda: cuando la necesidad ajena se convierte en contenido y la compasión en negocio, la línea entre ayuda y abuso puede desaparecer. Y entonces, el algoritmo deja de importar.