Tres “síes” y un “gracias”. Con esas escuetas palabras ha aceptado Shakira, este lunes, que defraudó 14,5 millones de euros a la Hacienda española entre 2012 y 2014. Tras semanas de negociaciones, la cantante colombiana ha pactado finalmente con las acusaciones —Fiscalía, Abogacía del Estado y Generalitat— una pena de tres años de cárcel (que no cumplirá) y el pago de una multa de 7,3 millones de euros. A cambio de aceptar los hechos y de pagar la cuota defraudada (ya la devolvió), el acuerdo ha rebajado de forma sustancial las penas: la Fiscalía pedía inicialmente ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,5 millones. El pacto contempla también la sustitución de la pena de prisión por el pago de otra multa, de 432.000 euros.

El magistrado José Manuel del Amo ha dictado de viva voz la sentencia, que al ser fruto de una conformidad ya es firme. No cabe la posibilidad de recurso y, además, ya no habrá más sesiones del juicio y Shakira podrá regresar de inmediato a Miami con sus hijos. Tal como estaba planteado, el proceso penal iba a ventilar el día a día de la artista en Barcelona durante los años en que mantuvo una relación sentimental con el exdefensa del Barça Gerard Piqué. Estaba prevista la declaración de hasta 117 testigos que, en esa época, tuvieron tratos personales y profesionales con ella.

La necesidad de evitar esa exposición pública y de minimizar el riesgo de prisión la han llevado a aceptar el pacto. “Tengo que escoger mis batallas y la más importante ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone”, ha afirmado en un comunicado que su equipo ha enviado justo cuando Shakira aceptaba la pena por fraude fiscal (…).

Pese al pacto, los problemas de Shakira con la justicia en España no han terminado. La Fiscalía presentó una segunda querella por presunto fraude a Hacienda en el año 2018. La acusa de defraudar seis millones de euros por utilizar un “entramado de empresas” para “simular” la cesión de derechos a empresas instrumentales. El ministerio público ha pedido que la Interpol notifique a la artista, que reside en Miami, la querella y la citación para que declare como investigada por dos delitos fiscales.

(Información | El País)