El 27 de octubre por la noche cuatro ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte fueron vinculados a proceso y condenados a pagar 2 mil millones de pesos por presunto desvío de recursos. Tomás Ruiz González y Fernando Charleston Hernández, ambos ex secretarios de Finanzas; Gabriel Deantes Ramos, ex subsecretario de esa dependencia y José Francisco Díaz Valenzuela, ex subdirector de Operación Financiera, deberían pagar esa cantidad o de lo contrario podrían alcanzar una pena de hasta 18 años de prisión.

La información se destacó esa misma noche en los portales de noticias y fue de ocho columnas en los medios impresos del día siguiente. Algunos “sesudos” analistas políticos vaticinaron que esto era el preámbulo para que quienes desviaron multimillonarios recursos al amparo de la impunidad, los devolvieran al erario veracruzano.

Pero bien pronto el gozo se fue al pozo.

En misiva enviada a un diario de circulación nacional Tomás Ruiz González aseguró que fue acusado “indebidamente” por Tarek Abdalá, ex tesorero del gobierno duartista y quien funge como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, “a la que está engañando” ya que nunca fue denunciado de malos manejos por la Auditoría Superior de la Federación.

Por otra parte, el juez que lleva la causa dijo que Fernando Charleston deberá pagar 100 mil pesos de los 2 mil millones porque esa es la cantidad que supuestamente desvió y con eso quedará libre de pecado.

Ruiz González se defenderá y no pagará y es casi seguro que lo mismo hagan Deantes y Díaz Valenzuela. Mientras Fernando Charleston de seguro ya abonó muerto de la risa, la minucia que le exigió el juez.

En síntesis amable lector, mucho ruido y puro cuento. Es casi seguro que los 2 mil millones desviados jamás regresen a las arcas estatales.