Acusado de enriquecimiento ilícito por la pasada administración, el ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, transfirió al gobierno estatal 7 propiedades por un monto de 153 millones de pesos, “como muestra de buena fe y de manera voluntaria”.

De eso hay constancia. Al menos existen tres documentos firmados por el ex funcionario duartista y su apoderado legal Rodolfo Reus Medina dirigidos al entonces Fiscal, Jorge Winckler. Los documentos dicen que las 7 propiedades se “donan” al gobierno de Veracruz en muestra de “buena fe” y con la finalidad de reparar el daño causado al erario veracruzano.

Pero resulta que ahora don Arturo dice que fue víctima de “una extorsión” y que a partir de la misma es que fue obligado a entregar esos bienes inmuebles.

Esto contradice al propio Bermúdez Zurita ya que su firma se encuentra en los documentos que se entregaron a la Fiscalía, lo mismo que la firma de su apoderado legal. ¿Y a quién acusa de extorsión don Arturo? A Rogelio Franco Castán al que se le siguen cargando las pulgas.

El problema no es a quien está acusando Arturo Bermúdez, sino que si se demuestra que en efecto fue “extorsionado” le podrían regresar las 7 propiedades que “donó” y tutti contenti. Bueno, en realidad el único contento será el ex funcionario.

¿De dónde sacó 153 millones de pesos para comprarlas? ¿Acaso de lo que ahorró como funcionario policiaco? Eso es harina de otro costal que de momento no está a discusión.

La denuncia o contra demanda de Bermúdez Zurita es el clásico caso de los patos tirándole a las escopetas.