Estas palabras quedan como anillo al dedo para la historia que le vamos a relatar, amable lector. Javier Duarte tuvo durante su administración a seis secretarios de Finanzas y Planeación, es decir, de a uno por año en promedio. ¿Sus nombres? Tomás Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales, Fernando Charleston Hernández, Mauricio Audirac Murillo y Antonio Gómez Peligrín, en ese orden.

Cuando comenzó la persecución contra los duartistas se dijo que los seis “financieros” irían a prisión, pero sólo Mauricio Audirac estuvo en Pacho Viejo. Tomás Ruiz (que en tiempos de Miguel Alemán aspiró a la gubernatura) maneja desde entonces un bajo perfil. Salvador Manzur, que era uno de los favoritos (el otro era Alberto Silva) de Duarte para sucederlo en el cargo se esfumó y no se ha vuelto a saber de él, lo mismo que de Fernando Charleston, Gómez Peligrín y el Judas Benítez Iscariote.

El que sigue presente en los medios aunque no de la manera que le gustaría, es Carlos Aguirre Morales, que fue Secretario de Finanzas cuando Duarte cesó a Salvador Manzur.

A Aguirre Morales le ha llovido sobre mojado porque fue inhabilitado por tres años para ejercer cargos públicos. Pero esa es la menor de sus pesadillas.

Fue encontrado culpable de daño patrimonial a la Hacienda Pública al desviar más de 1, 980 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, cuando fue subsecretario de Egresos de la Sefiplan.

Pero ese dinero le ha provocado innumerables dolores de cabeza.

El 3 de marzo de este año fue condenado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) al pago de 701 millones 590 mil pesos por los daños que ocasionó por la sustracción de ese dinero. Dos meses después el mismo tribunal lo condenó al pago de 1,067 millones como indemnización por el daño causado a la Hacienda Pública Federal.

¿Ahí murió el asunto? No. El 22 de julio el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México lo encontró responsable del desvío de 36 millones 38 mil pesos de recursos federales destinados a la educación en 2014, condenándolo también a su devolución.
El pasado 29 de septiembre el TFJA lo volvió a trabar y le ordenó que devolviera 2 millones 565 mil 919 pesos, por concepto de responsabilidad resarcitoria por daños causados a la Hacienda Pública.

Y apenas el miércoles el TFJA dijo que Aguirre Morales deberá devolver los 1, 980 millones 637 de pesos que desvió del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Por alguna razón que nadie se explica, este individuo goza de libertad a pesar del delito que cometió. Pero es evidente que con tanta devolución e indemnización el caldo le está saliendo más caro que las albóndigas y lo que más ha de desear es que ya se termine este año en que lo han obligado a entregar más de lo que se birló.