¿Qué tienen en común los alcaldes (ya con licencia) de Misantla, Othón Hernández Candenedo; Sergio Lenin Guzmán de Agua Dulce; Citlali Medellín, de Tamiahua y Fernando Cervantes Cruz de Pueblo Viejo? Que los cuatro son diputados locales electos y tomarán posesión de sus curules el próximo 5 de noviembre.

Pero también tienen en común que están señalados de un presunto daño patrimonial por 59 millones 328 mil pesos en conjunto, detectados en el segundo y tercer año de sus administraciones municipales.

Quien los señala es el ORFIS, sin embargo, recibieron como premio una diputación local para que sigan haciendo de las suyas.

Hace unos días la titular de ese organismo, Delia González Cobos, dijo que no permitirá que los alcaldes que tienen observaciones por presunto daño patrimonial se vayan así nomás como así, sin aclarar sus adeudos o devolver el dinero que desviaron.

Pues ya se le fueron cuatro a la señora y será difícil, por no decir que imposible, que los llame a cuentas.

En escasos 15 días estos cuatro alcaldes protestarán como legisladores locales con lo que en automático serán cobijados por el fuero legislativo y por la impunidad. Esto les permitirá carcajearse de la Ley al menos por tres años más.