Y hablando de autoridades, los censores del INEGI siguen en las calles, bueno, mejor dicho continúan visitando hogares para recabar datos, o dejar virus, como usted lo quiera ver.
Suponemos que tener los números del censo deben ser prioritario para el país, dado que no han detenido las visitas domiciliarias a pesar de la pandemia.
¿Será por dinero? Pues resulta que los “empleados” que realizan el padrón son eventuales, con contratos elaborados estrictamente por los meses en que el Gobierno tenía calculado que se recabarían los datos; detenerlos representaría pagarles el tiempo que no laboren y tener que buscar recursos extras para que trabajen fuera del tiempo calculado.

Alguien desde el INEGI no se ha dado cuenta que el mundo cambió durante el tiempo del empadronamiento, y que los números que tendrán serán distintos después de la pandemia, mucho más si quienes contrataron como censores ahora continúan siendo “vectores”.