Redacción.- En este 2026, que ya empieza a despedirse, no han faltado alcaldes veracruzanos señalados por violencia de género. Y para que nadie diga que el asunto es exclusivo de los hombres, hasta una alcaldesa figura entre los casos. De todo hay en la viña del Señor.

ZACUALPAN

En julio, el alcalde Andrés Maldonado Yáñez fue denunciado ante el OPLE por la regidora Griselda Maldonado Méndez, quien lo acusó de presunta violencia política en razón de género, vejaciones y obstrucción sistemática de sus funciones, incluida la negativa a proporcionarle información sobre la planeación de obras públicas. Al parecer, eso de rendir cuentas no es para todos.

TEMPOAL

Por estos rumbos tampoco cantan mal las rancheras. El alcalde Martín Meraz Argüelles fue señalado por presunta violencia política de género en el juicio TEV-JDC-450/2026, promovido en septiembre por la síndica única María Inés Cruz Eusebio. La existencia del procedimiento salió a la luz luego de que la documentación fuera colocada en el tablero de avisos del Ayuntamiento.

BANDERILLA

Caso aparte es el del alcalde José Antonio Sangabriel Fernández, denunciado en septiembre por una funcionaria municipal por presunto acoso sexual, violencia de género y represalias laborales.

La trabajadora, cuya identidad permanece reservada, aseguró que, tras rechazar propuestas “sexosas” del edil, comenzaron las presiones, intimidaciones, amenazas de reducción salarial e intentos por obligarla a renunciar. También señaló la presunta complicidad del secretario del Ayuntamiento.

En su denuncia ante el Instituto Municipal de la Mujer dejó una frase que resume la gravedad de sus señalamientos: “Ninguna mujer que presta un servicio público debe ser obligada a guardar silencio para conservar su empleo o proteger su estabilidad profesional”.

MIXTLA DE ALTAMIRANO

Y para cerrar, un caso digno de Kafka: la alcaldesa Celia García Rodríguez fue sancionada en junio por el Tribunal Electoral de Veracruz por violencia política de género contra la regidora única Cindy Noemí Zopiyactle Atlahua.

En el expediente TEV-PES-7/2026, el Tribunal acreditó que la presidenta municipal y otros funcionarios obstaculizaron las funciones de la regidora, le negaron información, la excluyeron de actividades oficiales y ejercieron presiones relacionadas con la firma de documentos.

La alcaldesa y otros cinco funcionarios fueron inscritos durante seis meses en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género.