Xalapa, Ver. | Redacción.- La Delegada del Partido del Trabajo (PT), Elizabeth Morales García destacó las medidas impulsadas para atender las necesidades de las escuelas públicas sin trasladar obligatoriamente el costo de su mantenimiento a las familias, particularmente la posibilidad de invertir recursos públicos en planteles que todavía no cuentan con escrituras y la decisión de evitar que las llamadas aportaciones escolares se conviertan en una condición para inscribir a los alumnos.

Durante una rueda de prensa, la legisladora consideró un acierto de la gobernadora Rocío Nahle García haber promovido la modificación legal que permite al Estado y a los ayuntamientos destinar recursos para construcción, mantenimiento y equipamiento de escuelas cuyos predios aún se encuentran en proceso de regularización.

El problema no era menor. De acuerdo con información previamente dada a conocer por la propia Morales García, alrededor del 60 por ciento de los planteles educativos de Veracruz enfrentaban dificultades para recibir inversión estatal o municipal debido a que no contaban con escrituras.

Durante años, esta situación generó una paradoja: escuelas plenamente identificadas, con alumnos, maestros y décadas de funcionamiento no podían recibir determinadas obras con recursos públicos porque jurídicamente el inmueble no estaba regularizado.

La reforma enviada por la gobernadora al Congreso fue aprobada por unanimidad el pasado 24 de julio, con 42 votos a favor y ninguno en contra o abstención. La modificación adicionó el artículo 35 Bis a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas y un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas.

Esto no significa que desaparezca la obligación de regularizar los predios. Para poder aplicar los recursos deberá existir una constancia de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) que acredite el funcionamiento del centro educativo y su situación dentro del proceso de regularización.

Morales García ha señalado que muchas de estas escuelas fueron construidas hace décadas sobre terrenos pertenecientes al fundo legal, ejidos, municipios, Federación e incluso propiedades particulares, por lo que la ausencia de escrituras terminó convirtiéndose en un obstáculo para rehabilitar precisamente algunos de los planteles más antiguos y necesitados de mantenimiento.