Xalapa, Ver., martes 26 de mayo de 2026 | Redacción.- Lo que en la Universidad Veracruzana quisieron vender como continuidad institucional, ahora llegó al terreno donde las cosas ya no se resuelven con discursos de pasillo ni con aplausos de oficina: el Poder Judicial.

El Dr. Rafael Vela Martínez, investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana, promovió un Juicio de Protección de Derechos Humanos contra la Junta de Gobierno de la UV y contra Martín Aguilar Sánchez, señalado en el recurso por la prórroga indebida del cargo de rector.

El documento fue presentado este 26 de mayo de 2026 ante la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Veracruz, según consta en el sello de recibido a las 13:00 horas. Es decir, el caso del rector que se quedó más tiempo del que la ley universitaria permitiría, ya no sólo se discute en la comunidad académica: ahora tendrá que revisarse frente a una instancia judicial.

En el escrito, Vela Martínez señala como autoridades responsables a la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana y al doctor Martín Aguilar Sánchez, en su carácter de rector, con domicilio en el Edificio “A” de Rectoría, en Lomas del Estadio, Zona Universitaria, en Xalapa.

El acto reclamado es claro: “La prórroga indebida del cargo de rector a favor del Doctor Martín Aguilar Sánchez, aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, sin competencia legal, sin convocatoria y sin seguir el procedimiento establecido en la legislación universitaria”.

Dicho en cristiano: no se abrió la puerta para que la comunidad universitaria participara, opinara o conociera formalmente a otros posibles aspirantes. Se brincaron el procedimiento y, como si la UV fuera propiedad de un pequeño club de notables, extendieron el cargo sin pasar por las reglas que deberían garantizar legalidad, transparencia y vida democrática dentro de la institución.

Entre las omisiones denunciadas, el académico acusa que la Junta de Gobierno no publicó convocatoria para que académicos interesados pudieran aspirar al cargo de rector; no estableció procedimientos para conocer la opinión de los universitarios; no proporcionó espacios para que los aspirantes expusieran ante la comunidad sus reflexiones y propuestas sobre el desarrollo de la universidad; y tampoco publicó, con dos meses de anticipación, la convocatoria de consulta correspondiente.

“Omisiones que se traducen en la inexistencia de las prescripciones que señala la legislación universitaria para la elección del cargo de rector”, argumenta el escrito.

El punto no es menor. La Universidad Veracruzana, que debería ser ejemplo de pensamiento crítico, legalidad y democracia interna, terminó atrapada en una operación que huele más a arreglo de cúpula que a proceso universitario. Y mientras la comunidad exige claridad, el rector prorrogado ha cargado con el sello incómodo de una legitimidad cuestionada: mucho cargo, mucha oficina, mucho membrete, pero una sombra jurídica que no se borra con boletines ni aplausos de su club de abyectos.