Redacción Revista El Tlacuilo. En Huiloapan, Coatepec, y en muchos, muchos Ayuntamientos más, los alcaldes entrantes se encontraron con inmuebles descuidados, mobiliario deteriorado o destruido y vehículos inservibles, además una serie de daños intencionales dirigidos a complicarles el inicio de sus Gobiernos. En algunos casos es porque los que vienen no son de partido afín, y en otros solamente con la intención de que el entrante no haga mejor papel que los que se fueron, aunque en algunos casos los que dejan el poder hicieron pesimamente su labor, y hasta un cuadrúpedo lo haría mejor que ellos.

En el estado de Veracruz, el cierre de administraciones municipales volvió a evidenciar una práctica recurrente: alcaldes que entregan palacios municipales, oficinas públicas y mobiliario oficial en condiciones deplorables, con daños visibles, saqueo de equipo, archivos incompletos y hasta toneladas de basura acumulada.

Lejos de ser un asunto menor o político, esta situación constituye una violación directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes estatales de Entrega-Recepción, que obligan a los presidentes municipales a devolver la infraestructura pública en funcionamiento y sin deterioro injustificado.

De acuerdo con el marco legal vigente, la supervisión recae en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, las contralorías internas y el Congreso del Estado de Veracruz, instancias facultadas para fincar responsabilidades administrativas, resarcitorias e incluso penales cuando existe daño al patrimonio municipal.

Pese a ello, en diversos municipios se repite el mismo patrón: inmuebles deteriorados, mobiliario inexistente o inservible y una entrega que obliga a las nuevas administraciones a comenzar, literalmente, desde los escombros. Una herencia que no solo refleja negligencia, sino una falta grave al deber constitucional de cuidar los bienes públicos; y una actitud laxa por parte de los organismos obligados a establecer sanciones.

Muchos de los alcaldes entrante no quieren “perder tiempo” presentando denuncias, pero es también su obligación hacerlo ¿O están pensando hacer lo mismo cuándo se vayan?