Medellín de Bravo, Ver. | Redacción Revista el Tlacuilo.- La Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de Veracruz (PMA) realizó este lunes una visita de inspección a la zona de manglares conocida como “Arroyo Moreno”, ubicada en la localidad de Playa de Vacas, luego de que vecinos y activistas denunciaran una devastación ambiental presuntamente provocada por la empresa Desarrollo Inmobiliario y Grupo de Servicios Ambientales (DIGSA), con el objetivo de construir un fraccionamiento habitacional.

De acuerdo con los testimonios, la empresa ingresó maquinaria pesada y camiones de volteo al área de humedales, avanzando cerca de 15 metros dentro del manglar del ejido "Primero de la Palma", en el municipio de Medellín de Bravo. Esta zona se encuentra protegida por un decreto de 1999 que la reconoce como reserva ecológica y zona natural protegida, por lo que la remoción de vegetación y afectación al ecosistema contravendría las leyes ambientales vigentes.

Concesión polémica y falta de permisos

Una lona colocada en el sitio exhibe que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó a DIGSA una concesión de uso por 50 años, a través de los permisos CGPARNO21RA1308/15 y 158/ORV/251/225. Sin embargo, ambientalistas aclaran que una concesión no implica automáticamente la autorización para construir, y mucho menos para destruir ecosistemas como el manglar, que alberga a más de 250 especies endémicas.

Marcos Márquez, presidente de la asociación Unión General de Renovación con Justicia y Verdad A.C., denunció que la empresa ha impedido el ingreso de activistas al área afectada, ocultando los verdaderos daños causados al ecosistema. “Lo más grave es que las autoridades municipales están siendo omisas; hoy habían quedado en acompañarnos para ingresar al predio, pero no llegaron”, expresó el activista en entrevista con medios locales.

PMA entra en acción y ambientalistas amenazan con movilizaciones

Tras la presión social, la PMA intervino en la zona con una inspección formal para constatar los daños. El organismo estatal deberá revisar el alcance de la concesión emitida por SEMARNAT y determinar si las actividades de DIGSA exceden lo permitido. También se investigará si el Ayuntamiento de Medellín ha incurrido en omisiones al no frenar las actividades ilegales de la empresa, pese a no haber emitido permisos de construcción.

Ante la posibilidad de que las autoridades continúen sin actuar, colectivos ambientalistas ya han advertido que podrían iniciar movilizaciones y, si es necesario, ingresar por la fuerza al predio para frenar la devastación. “No vamos a permitir que desaparezca uno de los últimos pulmones ecológicos de esta región”, advirtió Márquez.

Se espera que en los próximos días la PMA emita un dictamen y, de confirmarse la ilegalidad de los trabajos, imponga sanciones administrativas y legales a la empresa responsable. Mientras tanto, la tensión crece entre los defensores del medio ambiente y la empresa que, hasta ahora, mantiene presencia activa en la zona.