El diputado Marlon Eduardo Ramírez Marín presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado de Veracruz para que requiera una ampliación de información respecto del informe de resultados de la Cuenta Pública 2022.

En la primera sesión del primer receso del tercer año de labores, el legislador planteó que, mediante dicha instancia dictaminadora y en uso de sus facultades y atribuciones, este Congreso solicite la comparecencia de la auditora general del Órgano de Fiscalización del estado (Orfis), Delia González Cobos, para que manifieste si tiene conocimiento de los resultados de la auditoría practicada por el órgano interno competente del Poder Judicial y, en su caso, de manera amplia y clara, informe qué acciones ha emprendido respecto de dicha auditoría que presupone un daño patrimonial a la hacienda pública estatal.

El diputado del grupo legislativo mixto PRI-Independiente refirió las palabras de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz, magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien informó ante medios de comunicación que interpuso denuncias ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción, luego de comprobar faltas administrativas, a partir de una auditoría llevada a cabo en este ente público.

Dijo que, en cambio, de acuerdo con los informes de resultados del Orfis, en la revisión integral de la gestión financiera y en la auditoría practicada a este ente fiscalizable, se aplicaron los criterios establecidos en la normativa institucional, tomando en consideración la naturaleza jurídica, presupuesto, análisis de riesgos y antecedentes de revisiones anteriores, y como resultado de su fiscalización, se señala que en los dictámenes no presentaron observaciones o hallazgos que causaran perjuicio patrimonial a la hacienda pública.

Marlon Ramírez aludió también que, en la reciente comparecencia, ante el Pleno, el diputado Ramón Díaz Ávila solicitó a la titular del Orfis informara del seguimiento de 351 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado, sin que a la fecha se conozca el avance de una u otra institución.