A casi dos años de la salida de Edel Álvarez Peña como presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; el Poder Judicial sigue colapsado; primero le pegó el huracán Sofía y ahora sufre los estropicios de la Tormenta Tropical Isabel Inés; ambos son desastres “naturales” que han causado destrozos múltiples; es más, las señoras hasta cojean del mismo pie pues ambas son afectas al nepotismo y al culto a la personalidad, a tal grado que ya son varios los abogados que están encabronijados porque la presidenta permite que personajes sin méritos profesionales lleguen a ser jueces solamente porque los recomienda algún familiar encumbrado; mientras esto sucede el edificio del Tribunal es tomado una vez más cómo salón de fiestas sociales.

Doña Chabela llegó tumbando caña, atendiendo adecuadamente temas que su antecesora había dejado empantanados, pero muy pronto la alcanzó “El principio de Peter” y fue rebasada por su propio nivel de incompetencia, lo que ha sido aprovechado por algunos subalternos que se despachen con la cuchara grande, y ya encarrerado el ratón… el gato ya sabe usted que no asusta.

A pesar de que la Magistrada Inés Romero llegó opacada por su dudoso expediente y con mala imagen porque fue colocada con calzador en la presidencia pues ya estaba jubilada, aún así aglutinó en su momento esperanzas positivas de que podía hacer un buen papel; debido, claro, al pésimo “trabajo” realizado por su antecesora doña Sofía, quién en solo unos meses causo estropicios suficientes como para ser relevada; sin embargo ahora poco falta para que nos resulte peor el remedio que la enfermedad, pues el Poder Judicial está tan inoperante como antes, es más hasta está cerrando Juzgados.

Doña Chabela anunció que desaparecerán 29 Juzgados en 15 Distritos Judiciales, bajo el pretexto de ser un organismo austero ¡Háganme el refabrón cavor! Existe una diferencia entre la austeridad y la mezquindad, en este caso se trata de una actitud mezquina porque el supuesto ahorro de 22 millones de pesos lo pagaran los ciudadanos con la dilación de sus trámites, que grupos de abogados estiman que podrían ser hasta de un año; lo dicho: “¡El Poder Judicial veracruzano está salado!” ¡Bien salado!