Redacción. - El cambio en la Fiscalía General del Estado y la actuación de una Secretaría de Gobierno sin ningún vínculo con los involucrados parecen haber marcado un punto de inflexión en las investigaciones del llamado Cártel Inmobiliario en Veracruz. Lo que durante años fue motivo de denuncias por presuntos despojos, fraudes procesales y complicidades entre particulares y servidores públicos que fueron frenadas, hoy comienza a traducirse en detenciones, procesos judiciales y restitución de propiedades a sus legítimos poseedores.

La llegada de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre a la Fiscalía, en diciembre de 2025, en sustitución de Verónica Hernández Giadáns, abrió una nueva etapa en la atención de estos expedientes. Las investigaciones han alcanzado a abogados, notarios y otros presuntos involucrados, mientras se indaga la posible participación de funcionarios y autoridades judiciales en operaciones irregulares relacionadas con bienes inmuebles.

Los avances ya son tangibles. Durante los últimos meses se han ejecutado órdenes de aprehensión, realizado cateos y asegurado documentación presuntamente utilizada en operaciones fraudulentas. También se han restituido propiedades en Xalapa y otros municipios. Tan sólo en septiembre se reportaban cuatro inmuebles devueltos mediante resoluciones judiciales, mientras las investigaciones continuaban abiertas.

La ofensiva judicial ha mantenido su ritmo. El pasado 5 de noviembre, la Fiscalía consiguió la vinculación a proceso de otras dos personas, identificadas como Álvaro y Jorge «N», por su probable participación en delitos de fraude procesal y uso de documento falso. Ambos permanecen sujetos a prisión preventiva justificada, una muestra de que los expedientes siguen avanzando ante los tribunales.

Pero el combate a esta red no pasa exclusivamente por la Fiscalía. Desde la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil ha sostenido que no existen padrinazgos ni protección institucional para quienes pudieran estar involucrados. Su dependencia también impulsa la revisión de las notarías públicas del estado, un proceso que busca detectar irregularidades y fortalecer la certeza jurídica de las operaciones inmobiliarias.

La diferencia comienza a notarse: los señalamientos ya no se quedan únicamente en denuncias públicas y algunos afectados han logrado recuperar sus propiedades. El reto ahora es llegar hasta las últimas consecuencias, esclarecer las posibles complicidades y determinar responsabilidades, independientemente de los cargos o influencias de quienes resulten involucrados.

Ahora que ya se tiene certeza de que habrá justicia, la pregunta que flota en el aire es si algún día serán llamados a cuentas tanto Eric Cisneros como Verónica Hernández, pues bajo sus administraciones fue que floreció el Cartel Inmobiliario de manera escandalosa.