Redacción. - Luego de que autoridades del estado de Chihuahua reconocieron públicamente la presencia y colaboración de agentes norteamericanos de la CIA en operativos de seguridad en su territorio, el coordinador de la bancada petista en el Palacio de San Lázaro, Reginaldo Sandoval, expuso que "la soberanía de México no está a negociación ni puede quedar sometida a intereses extranjeros”.

De la misma manera el grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados solicitó al Senado de la República iniciar el procedimiento de juicio político y eventual destitución de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, por violaciones graves a la Constitución y traición a la patria, al permitir la operación de agentes de Estados Unidos en territorio nacional sin conocimiento ni autorización expresa del gobierno federal.

Si la logran estaríamos ante un hecho inédito en la historia política moderna, ya que el último gobernador que fue separado de su cargo data de la época de la presidencia de Luis Echeverría,1975, cuando mediante la desaparición de poderes en México cayó el gobernador Otoniel Miranda Andrade. Desde entonces, ya no se ha vuelto a aplicar formalmente esa figura ni se ha separado del cargo a ningún gobernador.

En tiempos recientes, más que “destituciones” formales, lo que ha ocurrido son renuncias forzadas, licencias, desafueros, investigaciones penales o presión política. Casos como Javier Duarte en Veracruz, Roberto Borge en Quintana Roo o César Duarte en Chihuahua no fueron exactamente destituciones, tuvieron que abandonar sus cargos para enfrentar procesos legales.

Por su parte el coordinador panista, Ricardo Anaya. defiende a capa y espada a su gobernadora, y como no, si el PAN de México está totalmente de acuerdo en abrirle las fronteras a los gringos para que “cuiden” nuestro territorio, ese grupo político no ha cambiado muchos desde que importaron a Maximiliano a la fecha.

Anaya amenaza con citar al Senado a varios gobernadores de Morena si se cita a Maru Campos: “A ver de a cómo nos toca”. Advierte.

La realidad es que Chihuahua no es un país autónomo como para permitir operaciones extranjeras en nuestro territorio, es una entidad federativa que debió notificar al Gobierno federal, y pedir la venia del Senado, misma que le habría sido negada; lo que sí da elementos para su destitución.