Redacción. - Mientras que miles de familias estiran el gasto para sobrevivir diariamente, los partidos políticos arrancarán 2026 con la chequera llena. Así lo dio a conocer el OPLE Veracruz, que aprobó la distribución de las prerrogativas públicas para el próximo año: más de 230 millones de pesos destinados exclusivamente a mantener la vida interna de los partidos.

El reparto no es simbólico ni menor. Morena, como fuerza dominante en las urnas, se llevará la rebanada más grande del pastel: alrededor de 96.9 millones de pesos en todo 2026, lo que significa poco más de 8 millones de pesos mensuales. Le sigue el PAN, con 39.1 millones anuales; el PRI, con 28.2 millones; Movimiento Ciudadano, con 25.9 millones; el Partido Verde, con 23 millones; y el PT, con casi 18 millones de pesos… ¡Pasu mecha Marimar!

En términos prácticos, cada mes el dinero público fluirá puntualmente a las cuentas partidistas, aun cuando no haya campañas, aun cuando los comités estén semivacíos y aun cuando el descrédito ciudadano hacia un sector de la clase política siga en aumento. Son recursos etiquetados para actividades ordinarias y específicas, pero que en la percepción social terminan convertidos en burocracia, renta de oficinas, propaganda interna y estructuras que poco dialogan con la realidad cotidiana del electorado; y en algunos casos son para el propio peculio de la cúpula partidista.

El contraste es inevitable. Veracruz tendrá que enfrentar temas urgentes en salud, gasto corriente, infraestructura y seguridad, pero está obligado a destinar cientos de millones de pesos a organizaciones políticas que, elección tras elección, prometen representar al pueblo. Un pueblo que, paradójicamente, es el que menos ve reflejado ese dinero en mejoras reales a su calidad de vida.

Así, el 2026 arrancará con un escenario conocido: ciudadanos apretándose el cinturón y partidos políticos viviendo en la comodidad presupuestal. Pueblo pobre, partidos ricos. Una consigna que, más que eslogan, se ha convertido en diagnóstico.

Bajo este esquema ya se trabaja la reforma electoral, que en uno de sus puntos pretende reducir estos subsidios a las marcas políticas que hoy operan de esta manera.