Ayuntamientos de todo el país buscan rematar predios e inmuebles para cubrir pagos pendientes a extrabajadores, proveedores y contratistas

La insolvencia financiera de municipios del país ha orillado a sus autoridades a intentar vender predios e inmuebles propiedad del ayuntamiento para cubrir deudas a proveedores, contratistas y extrabajadores.

Ante la crisis de endeudamiento que viven, cabildos de demarcaciones en estados como Colima, Veracruz y Estado de México han intentado desincorporar terrenos municipales —en los que incluso hay construcciones como escuelas o estadios— y rematarlos para hacerse de recursos.

Por ejemplo, en 2023, el ayuntamiento de Toluca solicitó al Congreso mexiquense separar un predio del patrimonio municipal para cubrir una deuda contraída desde 2010 por la construcción de una unidad deportiva.

En Ayometla, Tlaxcala, el año pasado, autoridades judiciales ordenaron la venta de predios para cubrir indemnizaciones a exempleados.

Mientras que en abril de 2022, el ayuntamiento de Colima desincorporó diez predios para comercializarlos y, así, liquidar una deuda de 52 millones de pesos. Sin embargo, 10 meses después, los terrenos no se habían vendido, por lo que reincorporó nueve de ellos y uno más lo donó para cubrir un adeudo con el Instituto de Pensiones para Servidores Públicos del Estado (Ipecol).

PESAN LOS LAUDOS

Las indemnizaciones que deben pagar a extrabajadores que los demandan por despido injustificado se han convertido en uno de los principales lastres financieros de los municipios.

En Veracruz, al menos 174 ayuntamientos se enfrentan a esta situación, ya que no tienen la capacidad financiera para liquidar los adeudos, por lo que éstos han aumentado año con año hasta volverse impagables.

En Hidalgo, las deudas por laudos laborales se han salido de las manos de los municipios, al grado de solicitar ayuda al gobierno estatal. Sin embargo, en diciembre pasado, el gobernador Julio Menchaca Salazar dijo que no los apoyaría con más recursos.

INGRESOS, EL RETO

De acuerdo con la legislación, la deuda contratada por los gobiernos locales debe destinarse a la inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de deuda. Sin embargo, los alcaldes cada vez más solicitan créditos para “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”, lo que se traduce en gasto corriente.

Según datos del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente, de dos mil 342 créditos inscritos, 108 tiene como objetivo solventar la falta de recursos de forma temporal, destino que no está sustentado en la ley.

Manuel Guadarrama, excoordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y docente del ITAM, explica a Excélsior que la contratación de deuda pública por parte de los municipios sigue sin ser monitoreada adecuadamente.

A pesar de que la propia Constitución establece cuál debe ser el destino de la deuda pública, existe la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios y hay reglas sobre el ejercicio y destino del gasto público, la realidad es que los ingresos de los municipios no son suficientes para cubrir los requerimientos presupuestarios”, detalla.

El mayor reto de los ayuntamientos que enfrentan las finanzas municipales “es generar ingresos propios para poder cumplir con todos los bienes y servicios que tienen a su cargo”, subraya.

(Información | Excelsior)