CONGRESO DE VERACRUZ PERFILA AVAL PARA ENAJENAR AERONAVES OBSOLETAS

Xalapa, Ver.- El Congreso de Veracruz perfila dar entrada y analizar en la próxima sesión la solicitud del Ejecutivo estatal para enajenar hasta ocho aeronaves consideradas obsoletas, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Esteban Bautista, quien sostuvo que la medida responde a una necesidad operativa y de seguridad, especialmente ante la actual temporada de incendios.

De acuerdo con el legislador, varias de estas unidades presentan un notable deterioro por su antigüedad, lo que no solo limita su funcionalidad, sino que además podría representar un riesgo. En ese sentido, justificó la urgencia de revisar el planteamiento del Gobierno del Estado, al señalar que se trata de aeronaves “viejísimas” cuya permanencia, lejos de aportar, podría generar más complicaciones.

Bautista precisó que el tema será sometido al análisis del Poder Legislativo, donde se valorará la viabilidad de autorizar la enajenación de estos bienes. No obstante, dejó en claro que el procedimiento deberá sustentarse en dictámenes y peritajes técnicos que permitan conocer con precisión las condiciones reales de cada aeronave, su valor y su utilidad actual.

El diputado subrayó que esta revisión tendrá que realizarse con especial cuidado para evitar cualquier tipo de irregularidad, sobre todo después de antecedentes que han encendido alertas en torno al manejo de bienes públicos. Como referencia, mencionó el caso de Altamirano, donde se documentaron inconsistencias en reportes patrimoniales, situación que obliga a extremar vigilancia y transparencia en este tipo de decisiones.

En ese contexto, insistió en que el objetivo no es únicamente deshacerse de unidades en malas condiciones, sino garantizar que cualquier proceso de enajenación se lleve a cabo con sustento técnico, legalidad y plena claridad sobre el destino de los bienes públicos.

La discusión del tema en el Congreso se perfila como parte de una agenda marcada por la prevención de riesgos y la revisión del patrimonio estatal, en medio de una temporada en la que los incendios forestales vuelven a poner presión sobre la capacidad de respuesta de las instituciones.