Si uno rompe una vajilla lo lógico es que la pague. Pero se verá muy mal que le exija a los vecinos que le den parte de su sueldo para reparar el daño. Eso fue lo que hizo la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Romero Cruz, con 500 millones de presupuesto asignados a esa dependencia que no aparecen por ningún lado.

La mujer no sólo ordenó bajar el sueldo de los magistrados, sino que cerró 29 juzgados entre otras “medidas de austeridad”, pero ni con eso se alcanza a recuperar el adeudo.

Por lo anterior, es necesario que el Gobierno del Estado implemente un rescate financiero. Pero esto implicaría posponer o cancelar programas en distintas dependencias.

En su desesperación, Chabelita Romero pidió el 19 de agosto una ampliación presupuestal que fue remitida al Congreso del Estado. De acuerdo con los diputados locales, el dinero servirá para poder realizar las funciones jurisdiccionales, administrativas y operación de los juzgados laborales. Pero José Luis Lima Franco, titular de la Secretaría de Finanzas, adelantó que no podrá otorgar dicho monto y añadió que apartar esos recursos significará aplazar o cancelar proyectos en distintas dependencias estatales.

¿No sería más fácil que le pregunten a la magistrada qué hizo con esos 500 millones de pesos? Una cantidad de ese tamaño no puede evaporarse de la noche a la mañana sin dejar huella.

Y una vez que se sepa dónde quedó el dinero, ¿no será más fácil correrla por pésima magistrada y que la justicia la llame a cuentas por pasada de lanza?

Que conste, son sólo humildes sugerencias.