El Grupo Legislativo del PRI-PVEM en el Congreso de Veracruz presentó ante el Pleno la iniciativa que busca reformar diversas disposiciones al Código Penal, con la finalidad de establecer que las sanciones por el delito de discriminación podrán incrementarse al doble, cuando se cometa en contra de personal de instituciones públicas o de establecimientos particulares de salud, así como quienes atienden emergencias, seguridad pública, protección civil y bomberos, con motivo del cumplimiento de sus funciones o por consecuencia de su encargo.

Al presentar esta propuesta, durante la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el diputado Antonio García Reyes subrayó que también se plantea que en las disposiciones comunes para los delitos de homicidio y lesiones, se adicione la hipótesis de que dichos ilícitos serán calificados si se cometen en contra del personal ya citado, “esto al ser una clara e injusta manifestación de odio, que atenta en contra de quienes brinda servicios fundamentales a la sociedad, sobre todo en una contingencia como la que vivimos”, agregó.

Asimismo, se propone que al servidor público que, en ejercicio de su función, incurra en algunas de las conductas señaladas o niegue o retrase a una persona un trámite o servicio al que tenga derecho, además de las sanciones previstas, se le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, hasta por el mismo lapso de la prisión impuesta.

En Tribuna, el legislador indicó que se han observado en México diversas expresiones de odio hacia el personal médico y de enfermería de instituciones de salud, quienes además de lidiar con la posibilidad de ser contagiados del coronavirus, como resultado de su labor, tienen que enfrentarse a las manifestaciones de intolerancia de algunas personas, “ciertamente producto de la ignorancia y el miedo, pero de que en ningún modo pueden justificarse ni permitirse en nuestra sociedad”.